El legislador Guillermo Haro, de la Izquierda Democrática, sostuvo esta mañana que los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) son cuotas políticas de varios funcionarios, como la diputada roldosista María Augusta Rivas.

En diálogo con Teleamazonas, Haro dijo que el magistrado Julio Jaramillo Arízaga (PSC) es tío de Rivas. Ante esa denuncia, la legisladora se defendió durante una entrevista que concedió minutos después al mismo canal. “Usted no va a encontrar ninguna sola cuota por parte de la diputada Rivas... Yo soy funcionaria judicial. De tal manera que no podía tener ningún pariente dentro de la Función Judicial.”, aclaró. Sin embargo, considera que los ecuatorianos tienen derecho a optar por una alternativa laboral como esa. “Mi pariente tiene derecho a optar por un trabajo”, añadió.

Finalmente, luego de calificar las afirmaciones de Haro como pataletas de ahogado, señaló que este tipo de versiones no se deben poner en el tapete, sobre todo porque son compañeros y más cuando no se tienen fundamentos.

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Pero las acusaciones de Haro no solo apuntaron a Rivas. Indicó que si bien la Izquierda Democrática estaba de acuerdo que se renueve la Corte Suprema de Justicia, sacando “una cantidad de ministros que estaban apegados al PSC y a la Democracia Popular”, ahora tampoco está de acuerdo que este organismo esté dirigido por algunos partidos políticos, en especial por el PRE.

De los 31 magistrados, 21 han sido investigados por el diputado de la ID. Entre ellos nombró al titular de la Función Judicial, Ramón Rodríguez Novoa, “designado a dedo por el presidente de la República (coronel Lucio Gutiérrez), que él mismo lo reconoció”. Él “fue defensor de la familia de Sixto Durán Ballén, sobre los casos reservados en el caso Monte Olivo. Luego vemos que él defendió a Santiago Mateos, uno de los diez delincuentes más buscados en el país, yerno de Sixto Durán Ballén. También es defensor del contralmirante Dueñas involucrado en el narcolavado en el Banco de los Andes”.

Sobre la jueza Angelita Albán, “apegada al Prian”, “fue la que dio libertad a esa gran banda de robacarros y que también fue denunciada por la embajada de Francia cuando detuvo en forma ilegal a un ciudadano francés (Daniel Tibi).

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En el caso de Luis Cueva Carrión, miembro de la tercera sala de lo laboral, Haro aseguró que es una cuota del segundo vicepresidente del CN, Jorge Montero. “Él ya fue propuesto en el año 1997 como ministro de la CSJ, pero fue separado de la lista porque era un abogado de narcotraficantes.

Ninguno de los magistrados expuestos, entre otros, asegura el diputado izquierdista, reúnen los requisitos del artículo 201 de la Constitución Política del Estado, que en el numeral 5 señala que para obtener esta función pública se debe haber ejercido con propiedad notoria la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria por un lapso mínimo de quince años.

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Por otra parte, María Augusta Rivas aclaró que ha habido una afinidad entre el PRE y el Prian. Sin embargo, negó que el líder de su partido, Abdalá Bucaram, se haya comprometido con Álvaro Noboa a no participar en las próximas elecciones presidenciales. “Hay una coincidencia en el criterio de que las cortes sean renovadas porque no existe una adecuada administración de esa función. No puede ser que un partido político tenga 18 magistrados y sean los que administren justicia”, dijo.

Pese a que Rivas asegura que no hay un acuerdo entre prianistas y roldosistas, sostuvo que sus coidearios están buscando un “juicio justo para Bucaram, que nunca iba a haber”.