El “sal-si-puedes” está servido. Los magistrados destituidos, imposible que vuelvan. El único camino constitucional para reemplazar a los magistrados, la cooptación, no tiene protagonistas, si los unos ya no están y los otros están inconstitucionalmente.

El llamado a la sociedad civil para que legitime una rectificación, debe pasar por aclarar de qué sociedad civil se está hablando, si aquellos estamentos que tienen visibilidad, al parecer, también están divididos. Si las cámaras están por la inconstitucionalidad, los gremios del transporte defienden al régimen. Si un sector indígena está de un costado, otro está del costado contrario, y un tercero dice “allá entre blancos”. Por lo demás, ¿quién legitima a los representantes de la sociedad civil?

La única legitimidad la tienen los elegidos en las urnas. Y allí está un sector de los alcaldes más votados del país en las últimas elecciones, que tienen la legitimidad concedida por los ciudadanos. El quid de la cuestión reside en su capacidad para presionar un cambio de actitud en la mayoría legislativa. ¿Es posible?

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Los elegidos por la mayoría dan síntomas de urgencia por consagrar los hechos: Gutiérrez dice que los magistrados son temporales, y se reúne con los empresarios; el nuevo presidente de la Corte anuncia que no tocarán las cortes superiores, para con ello, restar fuerza a la oposición. Y se puede suponer que en la mayoría parlamentaria ya existirán dudas.

Pero la oposición, si quiere alcanzar una rectificación, tendrá que hacer algunas concesiones: conseguir que los magistrados destituidos renuncien, y el Congreso pueda establecer una norma superior a una simple resolución, que haga viable una nueva conformación de la Suprema y dicte la aplicación de la cooptación para su integración; además de renunciar a la beligerancia contra Gutiérrez y, quizás, aceptar resolver la crisis institucional por la vía de la consulta popular, no la del régimen sino otra que nazca de un consenso mínimo y más consistente.

Si el sector gobiernista da un paso atrás, el ministro Damerval habrá tenido la razón: había que esperar la consulta y no precipitar los hechos por el miedo del PRE a perder la posibilidad inmediata del retorno de Bucaram.

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El obstáculo mayor parece ser el que la propia política construyó: la ruptura de los ciudadanos con las instituciones, porque no es en estas donde se han resuelto cotidianamente sus conflictos y necesidades. Aquello provoca una indiferencia que, pasados los días, consagra hasta lo inaudito, si lo inaudito ocurre en los escenarios de la política.

No hay nostalgia por la constitucionalidad de los actos públicos. La corrupción los mediatiza, la corrupción se vuelve el vínculo entre los ciudadanos y el Estado.