La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que visita el país desde la semana pasada, insiste en una mayor austeridad fiscal y en la ejecución de “reformas estructurales”.

Entre los cambios están los que permitan una participación del sector privado en los sectores petrolero y eléctrico, así como reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno para ampliar la base tributaria.

Las conversaciones giran en torno al mismo eje que han mantenido el organismo y el Gobierno desde fines del 2003, cuando el FMI decidió suspender los desembolsos a Ecuador, precisamente, por el incumplimiento del programa acordado.

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Fuentes del Banco Central explicaron ayer que el Gobierno plantea reemplazar el mecanismo para ejecutar las reformas; es decir, evitar su paso por el Congreso a través de decretos, acuerdos ministeriales o resoluciones. Un ejemplo: la revisión de los contratos de explotación de campos marginales de Petroecuador.

Al Ministerio de Economía le interesa un aval del Fondo para que el próximo año el Banco Mundial y el BID aprueben nuevos créditos.