¡Hasta que al fin comprendieron algunos la importancia de la Constitución! Qué bueno. Parece mentira, en efecto, que haya sido necesario un sacudón como el ocurrido la semana pasada para que buena parte, si no toda, la dirigencia política ecuatoriana “descubra” la importancia de respetar las normas, las instituciones y la cultura de la legalidad.
Algo que jamás quisieron entender durante casi una década (1995-2004) lo han entendido en pocos días. También era de ingenuos pensar que esa suerte de paraíso que se habían mandado a construir –en el que los jueces eran los juguetes preferidos de unos–, iba a ser eterna. Tarde o temprano esta glotonería de poder debía estallar.

El escenario más optimista es que la actual Corte Suprema dure hasta las próximas elecciones parlamentarias. Es muy probable que, entonces, una nueva mayoría de diputados decida a través de otra resolución destituir a los actuales magistrados diciendo que fueron elegidos inconstitucionalmente. Y luego se pasará a nombrar a otra Corte. Otro escenario es que esto suceda antes de esa fecha.
Y no sería nada raro que el Ecuador llegue a tener una Corte Suprema cada dos o tres años. Como todo depende de las mayorías, y siendo ellas “móviles”, lo lógico es tener cortes supremas “móviles”, o “portátiles”. Después de todo, lo mismo ha sucedido con los presidentes de la República.

El país sabe quiénes son los responsables de esta debacle. También sabe que esta década de inseguridad jurídica, persecución judicial y caos institucional, ha bloqueado, como ningún otro factor, nuestro desarrollo económico.
Sabe, además, que esto tiene que terminar radicalmente.
Por ello es que frente a esta crisis debe venir una gran respuesta de la sociedad civil. No de los políticos, ni de aquellos gremios convertidos en enclaves partidistas, pues, ellos son los más interesados en que nada cambie de verdad.

Asumamos como hipótesis que esta Corte dure dos años. Ese es un lapso suficiente para madurar un consenso en el país sobre el diseño de un sistema judicial alternativo al creado por los políticos. A las propuestas que salgan de este proceso deberán adherirse todos los próximos candidatos a la Presidencia y al Congreso, con su obligación de ejecutarlas en los siguientes seis meses de su posesión. Un verdadero pacto entre la sociedad civil y la política.

Algunas ideas que podrían incluirse serían que la Corte Suprema se reduzca a quince magistrados; que la selección de los titulares de la nueva Corte, y de los demás órganos judiciales, así como los integrantes del Ministerio Público, se haga con el aval del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y del Consejo de la Magistratura española; que el presupuesto de la Función Judicial se triplique; que se inicie una transformación del sistema de enseñanza legal y del ejercicio profesional del Derecho; y que se haga una reforma completa a las leyes que incidan en el funcionamiento del sistema judicial.

Seguramente habrá mejores ideas. Pero no aprovechar esta crisis sería un error tan grande como volver a lo mismo con otros nombres.