Cuando la mayoría oficialista en el Congreso rompió la Constitución para destituirla, sus vicios pesaban tanto que ningún sector de la sociedad civil consideró que valía la pena defenderla. Pero la nueva Corte tampoco ha despertado suficiente adhesión. Por distintas vías se expresa la desconfianza de los ciudadanos ante estos nuevos jueces.
El mismo Presidente de la República se encargó de desautorizarlos cuando anunció que esta sería una Corte provisional.

Este vacío no podrá durar mucho tiempo. O la nueva Corte se consolida para el largo plazo, lo que significaría que se imponen unos jueces cuestionados, o el país encuentra una solución al vacío jurídico en el que nos hallamos.

Para que triunfe esta segunda alternativa, convendría que los partidos políticos y sus dirigentes se hagan a un lado momentáneamente –debido a su alta cuota de responsabilidad en la crisis– y dejen que organismos y personalidades destacadas de la sociedad civil propongan alternativas de solución, para que sean tomadas luego por los organismos del Estado.

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Sabemos que esto no será fácil, pero podemos lograrlo si la opinión pública deja en claro, como está ocurriendo, su decisión de no tolerar más la manipulación política de la Función Judicial.