El anciano ex dictador Augusto Pinochet fue sometido a proceso este lunes, por segunda vez en tres años, por violaciones a los derechos humanos durante su régimen entre 1973 y 1990, anunció el juez Juan Guzmán.
 
El magistrado ordenó también al arresto domiciliario de Pinochet, pero esa medida fue demorada por un recurso presentado por su defensa, sobre el cual la Corte de Apelaciones de Santiago deberá pronunciarse en los próximos días.
 
La decisión la adoptó el magistrado, el mismo que lo había procesado en otra causa en 2001, en la investigación por los crímenes cometidos durante la vigencia de la Operación Cóndor, el plan represivo de las dictaduras del cono sur en la segunda mitad de los años 70.
 
Se ha resuelto su sometimiento a proceso por el secuestro calificado de nueve víctimas y el homicidio calificado de una de ellas, dijo Guzmán a los periodistas al anunciar su decisión, que dilató desde que el 25 de septiembre interrogó al ex gobernante de 89 años y días después lo sometió a exámenes mentales.
 
Guzmán descartó el diagnóstico de demencia vascular moderada que, según su defensa y uno de los neurólogos que lo examinó, lo harían inimputable por no estar en condiciones de enfrentar un debido proceso.
 
La resolución, cuando estudié bien todas las declaraciones y todos los elementos de juicio que tenía a la vista y las percepciones personales que pude ver, no fue difícil adoptar, dijo el magistrado a los periodistas reunidos en la Corte Suprema.
 
Pinochet enfrenta también otras acciones judiciales por el asesinato en Argentina del ex jefe del ejército, general Carlos Prats, y por corrupción por sus millonarias cuentas bancarias secretas en Estados Unidos.
 
Los defensores apelarán de la resolución y anunciaron que presentarán un recurso de amparo destinado a impedir el cumplimiento de la resolución del magistrado Guzmán.
 
Pinochet y su esposa residen en el suburbio de La Dehesa, ubicado al este de Santiago. Desde hace meses permanece en esa residencia en un sector exclusivo, sin registrar apariciones públicas.
 
El abogado Pablo Rodríguez, el principal defensor de Pinochet, dijo que el anuncio del juez Guzmán   es un atropello a los derechos humanos de su defendido.
 
Familiares de las víctimas de la represión desatada durante la dictadura de Pinochet entre 1973 y 1990 aplaudieron la decisión de Guzmán.
 
Guzmán ya el 2001 había procesado al ex dictador por su responsabilidad en 75 secuestros y homicidios de prisioneros en el caso conocido como la Caravana de la Muerte, en 1973.
 
Viviana Díaz, dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, dijo que se trata de   una decisión histórica y que en la causa por la Operación Cóndor es donde más clara quedaría en evidencia la responsabilidad de Pinochet.
 
En ese proceso Pinochet terminó siendo sobreseído por demencia de leve a moderada que padecía. Pero una entrevista que concedió en noviembre del año anterior a una televisora de Miami resultó vital para revertir la decisión de la justicia y en mayo de este año nuevamente perdió su fuero como ex presidente, permitiendo que Guzmán siguiera adelante con su investigación.
 
Guzmán dijo que en esa entrevista, donde el anciano ex general se calificó de   un ángel bueno,   fue uno de los elementos que se tomó en consideración para resolver su procesamiento.
 
Este mes, además, la Corte de Apelaciones de Santiago le levantó también el fuero para facilitar su juicio por la responsabilidad que le cabría en el atentado que le costó la vida en septiembre de 1974 al general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert.
 
El procesamiento de Pinochet se produce a 15 días que el presidente Ricardo Lagos diera a conocer el informe de la comisión Valech, con testimonios sobre la prisión y tortura de 28.000 presos políticos durante la dictadura.