Los consejos provinciales de Guayas y Pichincha coincidieron el 10 de diciembre pasado en rechazar la actuación del Congreso que, a la medianoche del 8 de diciembre, reestructuró la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El viernes pasado, el Consejo Provincial de Guayas, en sesión ordinaria, resolvió rechazar “la ruptura del Estado de Derecho consumado con la destitución de la CSJ de forma violatoria a la Constitución”, según un comunicado emitido por la entidad.

En la resolución de la Prefectura del Guayas, dirigida por Nicolás Lapentti (PSC), se exige el respeto a la Constitución Política y a sus instituciones.

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Mientras que el Consejo Provincial de Pichincha recordó que el país ha sido testigo de las antidemocráticas actuaciones de una ocasional mayoría parlamentaria, que violentan el orden jurídico nacional y que han concluido en la inconstitucional cesación de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia.

“Tales actos son abiertamente violatorios de la Constitución y causan un profundo e irreparable daño al país, al romper uno de los principios fundamentales de la democracia, como es la independencia de las funciones del Estado”, refiere el Consejo de Pichincha, en el que Ramiro González (ID) es su prefecto.

Los consejeros de Pichincha condenaron la injerencia de las funciones Ejecutiva y Legislativa en contra de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo Electoral. “Exhortamos a las instituciones del Estado a dejar de lado las confrontaciones para que dediquen sus mejores esfuerzos al desarrollo del país”, refiere un comunicado.