El gobierno estudia la posibilidad de iniciar acciones legales en contra de quienes, a su criterio, han incitado a la subversión del orden interno.

Ayer, el presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez, analizó junto al Frente Político, las declaraciones de los representantes de los gremios productivos y de algunas autoridades nacionales y locales que desconocieron la designación de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y llamaron a la protesta ciudadana para frenar las inconstitucionalidades que, según ellos, se cometieron en ese proceso y en la reorganización de los tribunales Constitucional y Supremo Electoral.

José Guerrero Bermúdez, asesor jurídico del presidente, confirmó que se le ha encargado realizar un estudio legal que determine si es que las acciones antes referidas se configuran como un delito de incitación a la rebelión y los trámites jurídicos que se podrían iniciar para sancionarlo.

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