La Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) envió a la Fiscalía General de la Nación su informe de investigación sobre el ingreso de 62’198.050 dólares en forma no regular desde Colombia, según un comunicado de prensa divulgado ayer.

El boletín señala que el organismo inició la indagación de oficio (por iniciativa propia); la información abarca el periodo febrero-noviembre de este año. El domingo pasado, en una entrevista de televisión, el ex mandatario y actual diputado socialcristiano León Febres-Cordero, efectuó la misma denuncia.

La CCCC estableció indicios de que existe un  contrato  –pudiendo haber otros– entre una cambiaria colombiana y una  empresa  registrada en el Ecuador, cuyos socios son de origen colombiano.

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“El  objeto  contractual entre las dos empresas es la provisión de divisas en efectivo desde Colombia a Ecuador. Este contrato tiene una duración de 12 meses. Para dar  cumplimiento a este contrato, los empresarios recurrieron a personas que debían viajar al Ecuador de manera frecuente, utilizando el  vuelo 079 de la aerolínea Avianca”, reseña el documento.

El informe de la Comisión indica que las divisas no debían permanecer más de 24  horas en la  cuenta corriente de la compañía que recibió el dinero, teniendo  esta la  obligación contractual de reenviarlas a la compañía colombiana mediante transacciones bancarias. “Esto genera la necesidad de una investigación de las entidades que tienen la obligación de realizarla”.

De acuerdo con la información  entregada  por el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes  y Psicotrópicas  (Consep),  la cantidad remitida de  Colombia  en  el  periodo de análisis es idéntica al monto recibido en Ecuador.

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Ayer el director ejecutivo del Consep, Christian Córdova, explicó que entre abril y julio de este año recibió reportes del entonces gerente del IV Distrito de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), en Quito, capitán César Díaz, sobre transferencias de dinero a través de las valijas que acompañan a los viajeros que llegaban desde Colombia. Agrega que la CAE facilitó datos de septiembre a diciembre del año pasado y de abril a julio del actual.

El funcionario explicó que el Consep puede asumir la investigación amparado en dos artículos de la Ley 108, que regula ese organismo.

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“Uno se refiere al lavado del dinero que proviene del narcotráfico y el otro, al enriquecimiento ilícito que también proviene del narcotráfico y de quienes en sus finanzas no pueden demostrar la existencia de la legitimidad del dinero que obtengan”, expuso.

Febres-Cordero dijo que Claudia Borbúa, pariente del ex diputado de Sociedad Patriótica, Renán Borbúa, y Freddy Jara Acosta, sobrino de la secretaria de la Presidencia, Mónica Acosta, funcionarios de la CAE, tuvieron participación en el hecho.