Estados Unidos suspendió unos 330 millones de dólares en ayuda económica a una decena de países, entre ellos Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela, por no eximir a los ciudadanos estadounidenses en su territorio de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI).

Los recortes forman parte de una ley aprobada esta semana, que da un paso más en la campaña de Washington contra este tribunal, y se añaden a la cancelación el año pasado de la asistencia militar a más de 20 países.

Entre los programas que han sido suprimidos figura la eliminación de 4 millones de dólares de ayuda a Perú y Ecuador para combatir el tráfico de drogas y el desarrollo económico de la región fronteriza en el marco del acuerdo de paz firmado por ambos en 1998.

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Además, Perú perderá otros 8 millones de dólares, Ecuador 3 millones y Venezuela 500.000 dólares para varios proyectos. México también está amenazado. Si se adhiere a la CPI, como los países de América Latina sancionados por EE.UU., dejará de recibir 5,25 millones  que Washington tiene previsto enviar.

Estados Unidos se opone a la CPI porque cree que sus ciudadanos –principalmente militares y miembros del Gobierno– podrían ser sujetos a juicios con motivaciones políticas.

La CPI es un tribunal que juzga crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio, pero únicamente si el país que tiene jurisdicción no lo hace o si su sistema legal en lugar de hacer justicia protege a los acusados. 

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Washington está usando todo su peso diplomático y económico para presionar a los gobiernos extranjeros para que suscriban acuerdos bilaterales que garanticen que sus ciudadanos nunca serán juzgados por la CPI.