Estados Unidos ha suspendido unos 330 millones de dólares en ayuda económica a una decena de países, entre ellos Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela, por no eximir a los ciudadanos estadounidenses en su territorio de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI).
 
Los recortes forman parte de una ley aprobada esta semana, que da un paso más en la campaña de Washington contra este tribunal, y se añaden a la cancelación el año pasado de la asistencia militar a más de 20 países.
 
Entre los programas que han sido suprimidos figura una asignación de 3 millones de dólares en asistencia a Paraguay para luchar contra la corrupción y el terrorismo.
 
También ha eliminado 4 millones de dólares de ayuda a Perú y Ecuador para combatir el tráfico de drogas y el desarrollo económico de la región fronteriza en el marco del acuerdo de paz firmado por ambos en 1998.
 
Además, Perú perderá otros 8 millones de dólares, Ecuador 3 millones y Venezuela 500.000 dólares para varios proyectos.
 
México también está amenazado. Si se adhiere a la CPI, como los países de América Latina sancionados por EE.UU., dejará de recibir 5,25 millones de dólares que Washington tiene previsto enviar para la mejora de sus instituciones y su sistema judicial.
 
Estados Unidos se opone a la CPI porque cree que sus ciudadanos -principalmente militares y miembros del Gobierno- podrían ser sujetos a juicios con motivaciones políticas.
 
No obstante, los partidarios del Tribunal consideran este temor infundado.
 
"No hay absolutamente ninguna amenaza de que el personal estadounidense sea enjuiciado en la CPI", dijo a EFE Brian Thompson, de la organización no gubernamental "Citizens for Global Solutions" (Ciudadanos para Soluciones Globales).
 
La CPI es un tribunal que juzga crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio, pero únicamente si el país que tiene jurisdicción no lo hace o si su sistema legal en lugar de hacer justicia protege a los acusados.
 
Thompson afirmó que EE.UU. cuenta con el código de justicia militar, que es un instrumento "muy bueno" para lidiar con estos casos.
 
Aún así, Washington está usando todo su peso diplomático y económico para presionar a los gobiernos extranjeros para que suscriban acuerdos bilaterales que garanticen que sus ciudadanos nunca serán juzgados por la CPI.
 
En estos convenios, los países se comprometen a no extraditar a La Haya, la sede del tribunal, a los estadounidenses y al personal no estadounidense contratado por su Gobierno en su territorio y que sean acusados de los crímenes de lesa humanidad.
 
En total, 82 países se han plegado públicamente a los deseos de la Casa Blanca, aunque el Departamento de Estado mantiene que otra decena ha firmado estos acuerdos en secreto.
 
La sanción de EE.UU. de esta semana es otra vuelta de tuerca para lograr aumentar ese número y aprieta especialmente a las naciones pequeñas.
 
Muchos de los 97 países que han ratificado el Estatuto de Roma, que creó la CPI, se niegan a firmar los acuerdos que Washington exige porque creen que prometer la inmunidad a los estadounidenses viola los compromisos que asumieron al adherirse al Tribunal.
 
EE.UU., por su parte, insiste en querer que cambien de opinión. El año pasado canceló la ayuda militar directa, el envío de material excedente de sus fuerzas armadas, y los fondos de educación militar internacional a los países miembros de la CPI que no habían firmado acuerdos bilaterales con Washington.
 
Esta decisión perjudicó especialmente a naciones pequeñas como Ecuador, que perdió 2,3 millones de dólares y Perú, que dejó de recibir 1,3 millones, según datos del Departamento de Estado.
 
Los miembros de la OTAN no se vieron afectados, pues Washington hizo una excepción con ellos, y tampoco los mayores receptores de esta ayuda, Israel y Egipto, que no se han adherido a la CPI.
 
La ley aprobada esta semana también permite al Presidente no suspender la ayuda económica a los países de la Alianza Atlántica y otros "aliados principales", como Argentina y Australia.
 
La medida, denominada "Enmienda Nethercutt" por el legislador republicano que la ideó, George Nethercutt, está contenida en una ley de gasto más amplia aprobada por el Congreso y ratificada por el presidente George W. Bush el pasado martes.