La empresa ChevronTexaco denunció el miércoles que sus acusadores en el juicio que se le sigue el Gobierno por daños ambientales en el Oriente ecuatoriano han presentado datos incoherentes e increíblemente falsos en un informe judicial.
 
“Las conclusiones falsas de los técnicos de los demandantes son incoherentes, ni siquiera concuerdan con lo que ellos supuestamente han denunciado”, afirmó en rueda de prensa Ricardo Reis Vega, vicepresidente de ChevronTexaco para productos de América Latina.
 
La bióloga María Remmert, contratada para analizar el primer informe de las visitas judiciales a piscinas de perforación difundido por los acusadores la semana pasada, aseguró que este confirma que no hay restos de toxicidad en el suelo.
 
Elementos como benceno, cromo, cadmio o bario, investigados por los demandantes, son radicalmente menores a los límites permitidos, aseguró Reis Vega, y precisó que los análisis revelan solamente la presencia de elementos que se encontrarían en cualquier jardín de cualquier casa.
 
El vicepresidente de ChevronTexaco para productos de América Latina también enfrentó los indicadores registrados en el estudio con los niveles admitidos por la Organización Mundial de la Salud, y con las pautas de calidad de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Con esos datos desmintió que existan elementos cancerígenos, tal como se plantea en el juicio que se le sigue a la empresa estadounidense por 30.000 demandantes de la selva amazónica ecuatoriana.
 
Los documentos indican que durante la operación de la empresa, entre 1972 y 1992, la jungla y la vida humana se vio, y continúa, afectada por daños ambientales y por enfermedades.
 
Reis Vega dijo que la compañía ya ha solicitado la nulidad del informe puesto que   constituye un fraude y un engaño, reiterando que la empresa estatal Petroecuador debe asumir su responsabilidad, conforme un acuerdo firmado en 1998, y que libera a Texaco de cualquier posterior obligación.
 
La corte de Lago Agrio, 180 kilómetros al este de Quito, donde se lleva a cabo el juicio que inició en octubre del 2003, deberá analizar el pedido, aunque esto no define una eventual anulación de la demanda.
 
En la demanda legal se afirma que Texaco dejó abiertos más de 600 piscinas tóxicas y que según biólogos de los acusadores, provocaron un daño que costaría más de 6.000 millones de dólares en reparar.