Gremios defienden la cooptación

El presidente Lucio Gutiérrez solicitó al Congreso interpretar la resolución 25 de la Constitución, a fin de reestructurar la Función Judicial. Esto abrió un debate político-jurídico, mientras diputados y magistrados defienden sus posturas.

El mecanismo mediante el cual el presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez, planea renovar la Corte Suprema de Justicia (CSJ) –una resolución del Congreso– no es aceptado por los representantes de varios gremios que en 1997 presentaron candidatos para elegir a los actuales magistrados.

La propuesta de aplicación de la transitoria 25 de la Carta Magna genera un debate político-constitucional. El presidente Lucio Gutiérrez afirmó el lunes que lo que ha solicitado al Legislativo es su interpretación, para luego hablar de reestructuración de la CSJ.

Según Víctor Cevallos, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, la vía no es constitucional. Lo correcto –dice– sería respetar el sistema de cooptación, que consiste en el reemplazo de un magistrado, por muerte o por renuncia, mediante una elección dentro de la CSJ.

Sin embargo, señala que ha sido la CSJ la que ha creado  condiciones en su contra. Se refiere a la tardanza en reemplazar a tres magistrados fallecidos. Su gremio defiende la independencia de la Función Judicial, porque “desgraciadamente (en la renovación) existen intereses políticos del presidente y la nueva mayoría parlamentaria, como del Partido Social Cristiano”.

El Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup) mira con preocupación la reestructuración de la CSJ, vía resolución. El organismo, que en 1997 se llamaba Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas (Conuep), y participó mediante las facultades de Jurisprudencia, se pronuncia en contra de una reorganización de la CSJ que no se ajuste a las normas constitucionales.

Vinicio Baquero, presidente del Conesup, dijo que en los últimos años el país ha vivido un proceso de degradación institucional y que lo que se pretende hacer con la CSJ “es la secuencia del continuo irrespeto al marco jurídico”.

Para él, sí es necesario y urgente un cambio en la Función Judicial, pero mediante la cooptación.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) respaldaría la reforma de la Corte propuesta por el Ejecutivo, si se realiza dentro de las normas constitucionales, afirma Ernesto Castillo, presidente del gremio, quien expresó que “hay que reconocer que la CSJ está secuestrada por el PSC”.

José Vicente Eguiguren, secretario general de la Conferencia Episcopal del Ecuador, indicó que cualquier reforma que se emprenda en un organismo del Estado debe respetar la Constitución. En 1997 la CEE delegó la elección a las universidades católicas.

De su parte, Raúl Illaquiche, presidente encargado de la organización indígena Ecuarunari, observó que el Presidente de la República “no está respetando los derechos constitucionales ni el ordenamiento jurídico (...) Todos estamos de acuerdo con la despartidización de las cortes, pero en este caso le quitan poder al PSC y se lo dan al PRE y al Prian”.

En el sector de los derechos humanos también hay preocupación. Susy Garbay, de la Fundación Regional de Asesoría de los Derechos Humanos, dijo que la situación actual es también responsabilidad de una sociedad civil dormida: “Hay que buscar una verdadera representación ciudadana, porque, desde y con la complicidad de la misma sociedad civil, han llegado los políticos de siempre”.

El presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Leonardo Viteri, destacó que cambiar a los magistrados por resolución “es una agresión. Esto debe hacerse a través de los colegios electorales para garantizar probidad en los jueces”.