A fines de noviembre la Unión Europea anunció que a partir del 1º de enero del 2006 el precio del banano a importarse de los países competitivos, entre esos el Ecuador, sería de  230 euros/tm, mientras que las importaciones de sus ex colonias ACP tendrían cero arancel. Esto constituye una protección de aproximadamente 55%. Pero el comisionario de comercio saliente, Pascal Lamy, dejó abierta la posibilidad de que este arancel cambie tras negociación.

El arancel propuesto por la comisión de la UE recoge los planteamientos de los productores africanos, en particular Camerún y Costa de Marfil, que se han venido tecnificando en años recientes y han ganado mercado, y estiman que un arancel de 230  euros puede incrementar sus ventas a Europa.

Para América Latina, el arancel es excesivo. El Ecuador y los otros países están por enfrascarse en negociaciones con la UE, y las opciones son múltiples.

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Hoy, los países latinoamericanos pueden exportar a la UE hasta cierto tope (contingente) pagando un arancel de 75 euros/tm. Parte del contingente de la América Latina ha sido concedido a intermediarios europeos, quienes venden sus licencias a los países latinoamericanos, lucrando del regalo que les dio la comisión; o sea parte de las exportaciones son a un arancel efectivo mayor.

Todos los latinoamericanos coinciden en que lo óptimo sería que Europa permita el ingreso del banano latinoamericano con cero arancel. Pero como eso no es realista, sostienen que el nuevo arancel debe ser de 75 euros, equivalente al que rige hoy para el contingente de abastecedores libres, y que de esa manera se cumpliría con el requisito de que el nuevo régimen mantenga el acceso al mercado que hoy tienen los latinoamericanos.

Pero ¿qué pasa si la UE se resiste? Hay dos posiciones. Una, que Ecuador podría vivir con un arancel superior a los 75 euros; que hay a quienes exportan hasta a 190 euros, esto es, los 75 euros de arancel más el costo de comprar licencias, entre otros. Que en régimen de solo arancel, el Ecuador podrá aumentar sus ventas fuertemente.

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Quienes se oponen a esta opción señalan que bajo el nuevo sistema de arancel, los países africanos cuya fruta entrará con cero arancel, quitarán mercado a Ecuador si tenemos que pagar impuestos tan elevados a la importación.

La otra opinión es que, si Europa se aferra a un arancel tan elevado, habrá entonces que ir a arbitraje, e impugnar toda decisión de la UE que sea por encima de los 75 euros, y en todo caso, preferir que se mantenga el sistema actual, a que sea reemplazado por otro en que Ecuador vaya a competir en términos tan desiguales con África. Se argumenta a favor de esta tesis que el actual sistema, que restringe el abastecimiento de banano a Europa, hace que el precio al consumidor sea elevado, y lo que se pierde vía el banano que no se vende dada la restricción al volumen, se gana por precio.

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Los detractores de esta política indican que el precio más alto al consumidor en Europa no significa que a los productores se les compre banano a un precio más alto; que en todo caso, la ganancia se queda con la compañía exportadora, o a lo sumo, compartida con los supermercados.

En el reciente seminario internacional que tuvo lugar en Guayaquil, se presentó toda la gama de opiniones. Pero en términos generales, es evidente que la posición de cada compañía exportadora está en función del monto de licencias que tiene para exportar a Europa. Así, por ejemplo, Chiquita y Bananera Noboa, que han invertido fuertemente en licencias, prefieren el statu quo a un sistema de arancel único, si este arancel supera los 75 euros. Y Dole, que tiene pocas licencias, prefiere que se le levante el tope al banano que puede llevar a Europa desde América Latina, aunque el arancel sea superior a los 75 euros.

Así mismo, cada país tiene una posición distinta. Costa Rica, que coloca todo lo que quiere en el sistema actual, prefiere el statu quo. En su presentación en el reciente seminario bananero, el embajador del Ecuador en Bruselas, Méntor Villagómez, se mostró partidario de mantener el statu quo, si no se consigue un arancel de 75 euros.

Los productores deben tener la última palabra. Conociendo los argumentos que se esgrimen para una y otra posición, que ellos acuerden qué es lo que más conviene y planteen al Ejecutivo, o bien que se continúe con la tesis de 75 euros o en su defecto el statu quo, o que exista una disposición a transar por un arancel mayor, si los 75 euros no son alcanzables.

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