Hasta ayer 116 candidatos electos en los comicios seccionales del pasado 17 de octubre entregaron sus declaraciones patrimoniales en el Tribunal Electoral del Guayas (TEG), como requisito previo para retirar las credenciales.

Los documentos, que serán remitidos a la Contraloría, fueron registrados en su gran mayoría (69) por militantes del Partido Social Cristiano (PSC) y certificados en la notaría trigésima, en Guayaquil.

Dentro de estas declaraciones no constan todos los documentos de los principales candidatos electos en la provincia (Prefecto del Guayas y alcalde de Guayaquil, consejeros), que según la secretaría del Tribunal pudieron haber sido remitidas directamente a la Contraloría.

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Mientras que durante la mañana de ayer continuó la entrega de las credenciales a las nuevas autoridades electas, con excepción de los candidatos suplentes, a quienes se les dará la certificación la próxima semana.

Fernando Fiallos, secretario del TEG, sostuvo que también quedaban pendientes la distribución de credenciales a los concejales electos en Durán y Guayaquil; y de la alcaldía de Pedro Carbo.

En estos dos primeros casos, la repartición se postergó anteayer porque se detectó una disparidad en la adjudicación de escaños que tenía el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el TEG.

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Pedro Pablo Gómez, vocal del TSE, indicó que esperan que la OEA (Organización de Estados Americanos) envíe una clave para acceder al sistema informático y verificar los datos.

Nuevos recintos
La presidencia del TEG recomendará en su informe final del 2004 que se busquen nuevas opciones de recintos electorales en Guayaquil para las elecciones presidenciales del 2006.

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Avilés mencionó, por ejemplo, la explanada del estadio Modelo de Guayaquil y el Centro Cívico.

Rubros

Gasto
En enero próximo comenzará el proceso de juzgamiento del gasto electoral. Una comisión del Tribunal Electoral del Guayas (TEG) deberá presentar un primer informe. 

Presupuesto
El TEG informó que en las elecciones del pasado octubre se gastó más de un millón de dólares en la organización del proceso en la provincia. Parte de ese rubro se destinó para el pago del  personal eventual que laboró en el proceso.