En Panamá, Abdalá Bucaram se atribuye acciones de gobierno.

Dos jueces de Pichincha suspendieron, en forma preventiva, la resolución del Congreso que cesó en sus cargos a siete de los nueve vocales del Tribunal Constitucional (TC).

Los jueces Alfredo Grijalva (1º) y Juan Carlos Cepeda (8º) aceptaron los recursos de amparo presentados por los ex vocales del TC, Miguel Camba y Oswaldo Cevallos, del PSC, y citaron al presidente del Parlamento, Guillermo Landázuri, y a los ex vocales para que participen en una audiencia que se realizará el 7 y 8 de diciembre próximo.

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Según Camba, con la providencia del juez quedó sin efecto la resolución legislativa. Por ello, “los que fungen como nuevos integrantes del TC deberán abstenerse de dictar resoluciones de casos que estén a su cargo, so pena de cometer un delito”, dijo.

Mientras, en Panamá, el ex mandatario roldosista Abdalá Bucaram, afirmó ayer que fue él quien sugirió al régimen crear una Comisión de la Verdad para investigar los supuestos delitos cometidos por el ex presidente León Febres-Cordero, durante su gestión gubernamental.

Dos jueces de Pichincha admitieron el trámite de los recursos de amparo propuestos por los ex vocales del Tribunal Constitucional, los socialcristianos Miguel Camba y Oswaldo Cevallos, y suspendieron en forma preventiva los efectos de la resolución del Congreso, que cesó a siete vocales del TC.

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Ambos amparos fueron presentados el jueves pasado y ayer los jueces civiles Alfredo Grijalva (1º) y Juan Carlos Cepeda (8º) emitieron providencias para citar al presidente del Congreso, Guillermo Landázuri, y a los ex vocales o a sus abogados, para que participen de una audiencia, que se realizará el 7 y 8 de diciembre.

La resolución del Parlamento, adoptada la semana pasada, también cesó a los vocales de Pachakutik Mauro Terán; al delegado del Ejecutivo, Simón Zabala, al socialdemócrata Enrique Herrería; así como a Jaime Nogales y Luis Rojas, del PSC.

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Los cuatro socialcristianos presentaron independientemente amparos constitucionales. Aún están pendientes por admitir aquellos presentados ante los juzgados civiles 9º, por parte de Nogales, y 12º, por parte de Rojas.

Según Camba, con la providencia del juez, quedó sin efecto la resolución que adoptaron 55 diputados y que cesó a los 7 vocales del TC. Por ello, “los que fungen como nuevos integrantes del TC deberán abstenerse de dictar resoluciones de casos que estén a su cargo, so pena de cometer un delito”.

En cambio, el ex vocal Enrique Herrería (ID) consideró que si un amparo nulita la resolución del Congreso, las cosas volverán al estado anterior, eso significa que se ratificarán las funciones de los vocales destituidos. Ello, además, legitimará la presentación de una demanda internacional ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por parte de los vocales cesados, añadió.

A juicio del constitucionalista Ernesto López, un juez puede suspender la resolución del Parlamento, pero solo en la parte de los derechos que afectan al accionante (a quien pidió el amparo). En ese caso, dijo, si se le otorga el amparo, el vocal podrá reintegrarse a su cargo, pero el resto de miembros no.

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Como existen varios amparos, acotó López, aún queda la posibilidad de que algunos de los jueces no los acepten; entonces, nadie puede beneficiarse por una sentencia dictada a favor de otro.