El Archivo Histórico del Guayas convocó a 180 colegios para participar en un concurso sobre un análisis de la Revolución del 9 de Octubre de 1820. 134 de estos se presentaron, de los cuales 86 fueron descalificados, por cuanto sus representantes entregaron trabajos que eran burdas copias y transcripciones mecánicas de textos que circulan en páginas web de organismos no especializados en investigación ni en historiografía. El solo hecho de presentarse en tales condiciones con la anuencia de un maestro asesor es un intento de fraude que conlleva una vergüenza mayúscula.

No nombraré la procedencia de estos jóvenes, pero sí lo haré con los 14 planteles, cuyos alumnos y curadores cumplieron con la investigación correspondiente para sustentar exitosamente sus trabajos: Juan Modesto Carbo Noboa, Rita Lecumberry, San José La Salle, Academia Naval Guayaquil, Matilde Amador Santistevan, Santa Mariana de Jesús, Nuestra Madre de la Merced, Instituto Particular Abdón Calderón, Javier, Unidad Educativa Versalles, Sescom, International School, Teniente Hugo Ortiz Garcés y Antares.

Defraudar a su generación, la región, y al país, que tienen cifradas sus esperanzas en una juventud capacitada y honesta, es criminal. Es verdad que la enseñanza particular siempre ha buscado rentabilidad y beneficios, lo cual es justo y recomendable. Nada se opone a que opere como una empresa que arriesga, coloca su capital y aspira a un retorno razonable. Siempre y cuando, el apostolado que entraña la docencia, a la par que el rédito que se aspira a  alcanzar, imparta una enseñanza adecuada y no la violente ni distorsione como servicio social de calidad. Que parte sustancial de los beneficios se reinviertan en modernizarla para satisfacer la demanda de la sociedad. Emplear maestros bien pagados, responsables y conscientes del significado de su misión como educadores y forjadores de juventudes.

Pasada esta experiencia tan penosa, me asalta la urgencia de cuestionar con dos preguntas a los rectores de colegios particulares y fiscales que se hallan incursos en esta superchería: ¿Es este producto el que se proponen entregar a las universidades, al país y a la sociedad? ¿Es acaso la utilidad fácil el móvil de su gestión y no la capacitación de la juventud? Año tras año se degrada al país con una educación de mala calidad y cada vez menos formativa que, con muy escasas excepciones, se imparte en los centros pedagógicos.

Los pésimos textos y programas de estudio; la corrupción rampante que prima en muchos centros educativos de todo nivel, más la inconsciencia casi generalizada en los docentes sobre su misión, impiden crear una ciudadanía responsable.

Es doloroso comprobar el grado de descomposición y serias falencias a que ha llegado la educación en nuestra región en apenas medio siglo. Sin embargo, no nos desanimamos: estamos urgidos por la necesidad de erradicar este mal y decididos a alcanzar una reacción enérgica por parte de la sociedad guayaquileña y los gobiernos seccionales de Guayas para intervenir en la educación y detener la descomposición ética que pervierte a la juventud.