Según el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, el marco legal para las empresas privadas que darán seguridad en puentes y pasos a desnivel, será el mismo que rige para áreas urbanas regeneradas de la ciudad a cargo de la Fundación Siglo XXI.

Fernando Núñez, jefe de supervisión administrativa de la Fundación, explicó que los guardias de compañías privadas que controlan esas áreas están armados y tienen instrucciones de realizar arrestos en caso de delito flagrante. “Detienen al infractor y lo entregan a la autoridad competente, si es un delito penal a la Policía Nacional, y si es una contravención municipal a la Policía Metropolitana”, precisó.

Los guardias privados pueden disparar, indicó Núñez, solo en defensa propia, “como cualquier ciudadano”.

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Víctor Akaiturri, presidente de la Comisión Sectorial de Seguridad de la Cámara de Comercio, dijo que aunque la iniciativa es viable, “el problema es que de acuerdo con la ley, las compañías de seguridad no pueden portar armas fuera de los recintos donde dan servicio”.

Según la Ley Nacional de Vigilancia y Seguridad Privada,  el personal de seguridad privada puede portar armas, pero deben desempeñar sus funciones dentro del área correspondiente a la “empresa, industria, edificio, conjunto habitacional, local comercial o establecimiento, con los que se haya suscrito el correspondiente contrato de prestación de servicios”. La Ley no contempla la posibilidad de que sea la ciudad la que los contrata.

El penalista Hugo Larrea Romero opinó que la disposición sí se enmarca en la ley, pues “es un esfuerzo que contribuye al cumplimiento del precepto constitucional, de que el Estado y los entes públicos (como el Municipio) deben dar seguridad a la ciudadanía. La Municipalidad puede recurrir a la iniciativa privada en demanda de auxilio porque persigue el bien común”, indicó Larrea.

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La Constitución no contempla una iniciativa privada en seguridad en la que el ciudadano deba obedecer a un civil que representa a la autoridad, pero que no es parte de la fuerza pública.

“Habría que ver cómo se resuelve el asunto legal”, dijo  Aikaturri.