Alguien me decía, con razón, que una forma de corrupción es legislar o actuar con dedicatoria así la acción intrínsecamente sea buena, pudiendo ser la motivación mala. Si los privilegios que el Estado le ha otorgado a un sector son eliminados, aunque estos no hayan sido beneficiosos para la sociedad, es una forma de corrupción su supresión si se hace con dedicatoria solo para un grupo y no con sus competidores, o con otros sectores de la economía. Para que exista justicia es básico que se dé el principio de equidad, que en el caso anterior, sería obviamente inexistente. Es peor todavía el caso cuando el Estado mantiene querella o conflicto para contra quienes legisla en exclusiva.

Sin querer entrar a defender o atacar una decisión gubernamental contra o a favor de una empresa, el caso de la importación de sal es excelente para graficar lo que antes asevero, pues en él todo lo anterior se cumple, y otros puntos más, para ampliar el análisis.

Esto refleja que el Ecuador sigue siendo una sociedad de privilegios y que el Gobierno cada vez acumula más poder.
Y un sistema de privilegios, con poder estatal y escasa rendición de cuentas, es el perfecto caldo de cultivo para la corrupción.

Se nos informa que se abrió el mercado de sal para mejorar la competitividad de la economía y para beneficiar al consumidor. Veamos: este producto representa el 0,5% del presupuesto mensual de una familia pobre y el 0,005% del de una familia de clase media. En cambio, el presupuesto en transporte de una familia pobre con dos personas trabajando es de hasta el 10%. Para las empresas, si hablamos de competitividad, el transporte puede llegar a ser el 20% del componente del costo, una gran parte del cual es el vehículo en sí. Pero, los vehículos con apenas tres años de uso y 10.000 kilómetros son prohibidos de importar, aunque estén en mejor condición técnica que el 80% del parque automotor nacional. Los vehículos nuevos tienen aranceles confiscatorios de más del 40%. Si las barreras a la importación de vehículos se eliminaran y los aranceles se redujeran, las empresas y millones de ciudadanos pobres ahorrarían hasta el 5% de su gasto total, cien veces más que con la salada medida. ¿No apoyaría más esto la competitividad? ¿Por qué no se lo hace? Porque alguien ha decidido mantener privilegios para los pocos accionistas de las fábricas, los militares y unas cuantas familias más ligadas a estos. ¿Dónde está el bien común, en millones de consumidores o en un puñado de accionistas, algunos uniformados, y unos miles de trabajadores?

Creyendo en la libre empresa, la competencia y el Estado pequeño, no critico ninguna medida que reduzca la intervención gubernamental. Pero sí, las que juegan con los privilegios para unos y no para otros. Sí, las que con decisiones a dedo crean o eliminan ventajas para una u otra empresa o sector. No es decente abrir el mercado sin mantener los estándares mínimos y –nuevamente– equitativos para la competencia, como en el caso de la sal, que la que entre sea también yodada. Si van a desregular, entonces que sea con todos los sectores de la economía. El resto se presta para suspicacias y dudas.