La VI Conferencia de Ministros de Defensa se dejó guiar por el temor de que se “seguritice” el tratamiento de las denominadas nuevas amenazas transnacionales y comunes, como el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado y se les enfrente militarmente en lugar de darles un tratamiento interinstitucional y multisectorial.

El síndrome de la represión que por felicidad nuestro país no conoce ni debe conocer, inhabilitó a la defensa, desmembrándola de la seguridad.

Burdamente se planteó un juego suma cero con posiciones extremas, entre la conformación de una “fuerza militar continental”, opción calificada en este mismo espacio como ilógica, innecesaria e inaceptable (EL UNIVERSO, 9 de diciembre del 2003), y la de dejar a cada Estado “definir las estrategias, planes y acciones para hacer frente a las amenazas de seguridad, conforme con su ordenamiento jurídico”.

Se desestimó el pronunciamiento incuestionable del ministro chileno Jaime Ravinet de que “Ningún país puede luchar solo contra el terrorismo, ningún país es autosuficiente; se requiere la cooperación, la ayuda y la coordinación con el resto”, y además se emparejó a todos los países, determinando que las Fuerzas Armadas solo se deben dedicar a la defensa externa.

Planteamiento razonable y justificado, cuando se dispone en la estructura de la seguridad de los estados de una fuerza intermedia; es decir, que a más de las FF.AA. y la Policía, se cuente con otra fuerza como: carabineros, gendarmería, guardia nacional, policía militar y otras fuerzas especializadas. Realidad que no es la del Ecuador y ni de muchos otros países, en los que si bien hay necesidad de una clara y precisa delimitación de áreas de responsabilidad institucional, no se puede desconocer la necesidad de cooperación interinstitucional, por esta razón la Constitución del Ecuador las concibe como Fuerza Pública.

La diferente estructura de los sistemas de los países, la distancia del área focal del problema y el diferente impacto de los efectos evidentemente influyen en la percepción de lo que significa tener seguridad.

La prioridad en la que se establezcan los peligros no puede ser la misma para todos los países; sin embargo, nada exime de elaborar una agenda mínima concertada, para tener respuestas coordinadas y alcanzar una mejor seguridad.

Esta fisura entre defensa y seguridad confunde la interpretación que se puede dar al numeral 25 de la Declaración de Quito, en la que los ministros concuerdan en que “es un objetivo compartido la prevención, combate y eliminación de todas las formas de terrorismo, crimen organizado y el tráfico ilícito de drogas y armas”.

“El cómo”, queda a la iniciativa de cada país y de los acuerdos bilaterales que soberanamente se decidan, con lo cual no se avanza nada sobre una facultad existente y para la cual no hay necesidad de reunirse.

Así lo demuestra el memorando de entendimiento de febrero de este año entre los ministros de defensa de Brasil, Colombia y Perú para cooperar en la seguridad fronteriza y los acuerdos de la semana pasada entre Venezuela y Colombia sobre el mismo tema.

Otra interrogante se plantea sobre los convenios internacionales firmados en el marco de la OEA, como la Convención Internacional Contra el Terrorismo (Cicte), que en su artículo 7 se refiere a la cooperación fronteriza, que en el caso ecuatoriano nuestras FF.AA. cumplen con la protección de fronteras con gran responsabilidad. ¿Estarán acaso siendo mal empleadas?

Cooperación internacional es tener fronteras seguras, y la mejor prevención ante una política de seguridad hegemónica es tener visión estratégica y una contrapropuesta para no dejar espacios al intervencionismo unilateral que se teme.