Un enfrentamiento de poderes y anarquía podría generar la pretensión del Ejecutivo de reorganizar las funciones Judicial y Electoral y el Tribunal Constitucional (TC), sin utilizar los procedimientos consagrados en la Constitución, advirtió el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Camilo Mena (derecha).

El trámite de una resolución en el Parlamento, promovido por los grupos aliados al Ejecutivo, movilizó a las autoridades y miembros del TC y CSJ, que se reunieron ayer por separado y aprobaron sendas resoluciones que condenan esa intención.

Solo el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Nicanor Moscoso (Prian), afirmó que aceptará la decisión del Parlamento sobre la anunciada reorganización del TSE. “El Congreso es nuestro nominador y el que dispone a quien nombra. Aceptaré su decisión”, manifestó.

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Para Mena existe la unidad férrea de la Función Judicial frente a los rumores que hablan de utilizar procedimientos inconstitucionales para intervenir en esas entidades del Estado. “Eliminar el TC sería romper el estado de derecho y el orden constitucional, lo cual significaría un golpe de Estado”, dijo.

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) también aprobó una resolución en la que respaldan a la CSJ “frente a las injustas arremetidas del presidente de la República, Lucio Gutiérrez, y de algunos funcionarios del Ejecutivo”.

Más cauto, el presidente subrogante de la CSJ, Alfredo Contreras, indicó que los magistrados esperarán los resultados de las discusiones del Congreso para hacer públicos sus criterios.

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A excepción de Enrique Herrería (ID), los vocales del TC, en su resolución, advirtieron que se producirá una violación del estado social de derecho si se aprueba la remoción de los miembros del Tribunal.