La lucha contra la violencia hacia las mujeres en España, que en lo que va de 2004 cobró la vida de 83 de ellas, fue elevada al rango de prioridad institucional con una ley que los diputados aprobaron en octubre.
Como clara señal de su determinación a combatir "la mayor vergüenza" de España, según palabras del presidente del nuevo gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, la Ley Integral contra la Violencia de Género fue la primera que se aprobó desde su llegada al poder, en abril pasado.
Con 320 votos a favor y ninguno en contra, los diputados españoles respaldaron el 7 de octubre pasado la nueva legislación que pretende reforzar la protección jurídica y policial de las mujeres, antes de que sea demasiado tarde.
La normativa fue elaborada con la colaboración de numerosas organizaciones de mujeres, entre éstas la Red Feminista, para la que esta ley -que aún debe ser aprobada por el Senado y cuya entrada en vigor se prevé para enero de 2005- constituye un "paso de gigante" en materia de violencia doméstica.
Baleadas, acuchilladas, quemadas, rociadas con ácido o brutalmente golpeadas, 83 mujeres fueron asesinadas en lo que va de 2004 por algún hombre de su familia y 59 de ellas por su propia pareja, según datos del Instituto de la Mujer.
El proyecto de ley español, pionero en Europa, está apoyado por una serie de medidas de choque como el incremento de agentes policiales cuya labor es proteger a las mujeres amenazadas, que pasó de 120 uniformados a 400 policías nacionales y guardias civiles.
Pero también se implementaron otros recursos como el "brazalete electrónico", impulsado por la Comunidad de Madrid, que permitirá detectar cuando un maltratador viole la orden de alejamiento judicial que le impide acercarse a su víctima.
Pese al respaldo mayoritario de la sociedad civil a esta ley integral , entidades de derechos humanos y de jueces señalaron algunas carencias, pues no contempla a las mujeres inmigrantes indocumentadas.
La sección española de Amnistía Internacional y los Jueces para la Democracia pidieron que la normativa garantice sus derechos pues "a su condición de mujer, añaden su condición de no ciudadanas (...) lo que las hace especialmente vulnerables a situaciones de sometimiento y humillaciones", denunciaron los magistrados.
"Ha cesado la hora del silencio y llega el momento de la respuesta de nuestra sociedad para que accedan plenamente al ejercicio de sus derechos como personas", afirmó el jueves la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer.