La lucha contra la violencia hacia las mujeres en España, que en lo que va de 2004 cobró la vida de 83 de ellas, fue elevada al rango de prioridad institucional con una ley que los diputados aprobaron en octubre.
 
Como clara señal de su determinación a combatir "la mayor vergüenza" de  España, según palabras del presidente del nuevo gobierno, el socialista José  Luis Rodríguez Zapatero, la Ley Integral contra la Violencia de Género fue la  primera que se aprobó desde su llegada al poder, en abril pasado.
 
Con 320 votos a favor y ninguno en contra, los diputados españoles  respaldaron el 7 de octubre pasado la nueva legislación que pretende reforzar  la protección jurídica y policial de las mujeres, antes de que sea demasiado  tarde.
 
La normativa fue elaborada con la colaboración de numerosas organizaciones  de mujeres, entre éstas la Red Feminista, para la que esta ley -que aún debe  ser aprobada por el Senado y cuya entrada en vigor se prevé para enero de 2005-  constituye un "paso de gigante" en materia de violencia doméstica.
 
Baleadas, acuchilladas, quemadas, rociadas con ácido o brutalmente  golpeadas, 83 mujeres fueron asesinadas en lo que va de 2004 por algún hombre  de su familia y 59 de ellas por su propia pareja, según datos del Instituto de  la Mujer.
 
El proyecto de ley español, pionero en Europa, está apoyado por una serie  de medidas de choque como el incremento de agentes policiales cuya labor es  proteger a las mujeres amenazadas, que pasó de 120 uniformados a 400 policías  nacionales y guardias civiles.
 
Pero también se implementaron otros recursos como el "brazalete  electrónico", impulsado por la Comunidad de Madrid, que permitirá detectar  cuando un maltratador viole la orden de alejamiento judicial que le impide  acercarse a su víctima.
 
Pese al respaldo mayoritario de la sociedad civil a esta ley integral ,  entidades de derechos humanos y de jueces señalaron algunas carencias, pues no  contempla a las mujeres inmigrantes indocumentadas.
 
La sección española de Amnistía Internacional y los Jueces para la  Democracia pidieron que la normativa garantice sus derechos pues "a su  condición de mujer, añaden su condición de no ciudadanas (...) lo que las  hace especialmente vulnerables a situaciones de sometimiento y humillaciones",  denunciaron los magistrados.
 
"Ha cesado la hora del silencio y llega el momento de la respuesta de  nuestra sociedad para que accedan plenamente al ejercicio de sus derechos como  personas", afirmó el jueves la vicepresidenta primera del gobierno, María  Teresa Fernández de la Vega, con motivo del Día Internacional para la  eliminación de la violencia contra la mujer.