Mediante una simple resolución, el Congreso no puede remover a los vocales del Tribunal Constitucional (TC), pues ello implicaría una violación al Estado Social de Derecho, afirmaron los vocales del organismo, a través de un pronunciamiento unánime, que fue aprobado en la sesión ordinaria de ayer.

Los vocales afirmaron que si existen juicios pendientes en contra de varios miembros del TC, y si el Parlamento desea remover a esos vocales, lo jurídico y constitucional es seguir con esos procesos. Caso contrario, dijeron, destituir a todos, incluso a los que no están enjuiciados, sería inconstitucional.

Según los magistrados, los miembros del TC fueron nombrados por el actual Congreso, amparados en los artículos 130, numeral 11 y 275 de la Constitución, y posesionados ante el actual presidente del Parlamento, Guillermo Landázuri, en marzo del 2003.

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Los vocales señalaron además que están dispuestos a responder por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones, mediante el proceso constitucional del juicio político. Así, reconocieron que el artículo 130 de la Carta Política otorga al Congreso la facultad de enjuiciarlos políticamente. No obstante, destacaron que las instituciones, dependencia y funcionarios del Estado no pueden ejercer otras atribuciones que las consignadas en la Constitución.