No fue el único. Como él, 500 menores que acuden a diario al área de consulta externa encontraron las puertas cerradas.

Ciento noventa y seis enfermeras, 95 empleados administrativos, 58 tecnólogos y 100 médicos, entre tratantes y residentes, suspendieron desde las 08h00 el servicio médico  para pedir al Gobierno que no se les descuente un supuesto excedente  acreditado por error, en el proceso de unificación salarial.

Eduardo Chérrez, presidente de la Asociación de Empleados, dijo que de acuerdo con los cálculos del Ministerio de Economía y Finanzas debían descontarle un promedio de 200 dólares en sus salarios de noviembre y diciembre. Por ello, solicitaron al Ministerio de Economía y Finanzas que les envíe “el documento donde verifica que dichos pagos fueron realizados de más y que, de ser así, se les descuente desde enero del 2005 en cuatro partes”.

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La petición consta en un acta de compromiso que firmaron la tarde de ayer con el director provincial de Salud, Roberto Blum, quien acudió a la casa de salud para dialogar con los protestantes. Según él, todo quedó solucionado y la atención será normal hoy.

Una medida similar, pero radicalizada con la quema de llantas y cierre de vías, protagonizaron ayer 180 empleados del Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria, en las afueras de la entidad.

Víctor Ramos, presidente de la Federación de trabajadores, aseguró que la medida –que se mantiene  hace dos semanas–  se debe a que todavía no reciben respuesta a un pedido de incremento de 40 dólares en la remuneración salarial unificada. Dijo que se hizo en enero pasado, por eso seguirán en asamblea permanente.

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