Si el Estado ecuatoriano pusiera una restricción legal en contra de la píldora del día después, eso podría acarrearle responsabilidades internacionales, dijo la abogada Lolita Balladares, de la Corporación de Promoción de la Mujer.

Explicó que el uso de la píldora está legitimado por la Constitución, en tanto reconoce “los derechos sexuales reproductivos”. “Por tanto, si hay una restricción, el Estado coartaría una de las libertades reconocidas por la Constitución y en otros instrumentos internacionales, en los que Ecuador es signatario, como la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, indicó .