Desconocidos atentaron este miércoles con explosivos contra el Ministerio de Defensa de Bolivia en otro acto orientado a desestabilizar al gobierno del presidente Carlos Mesa, dijeron fuentes oficiales.
 
El atentado, que provocó destrozos pero no víctimas, fue calificado como "un acto terrorista" por el ministro de Gobierno (Interior), Saúl Lara.
 
"Es un acto terrorista con tintes políticos que intenta provocar a las fuerzas armadas y la policía para buscar (de ellas) una reacción en un marco de desestabilización del gobierno", declaró Lara a la prensa.
 
La explosión remeció en la madrugada a un vasto sector del céntrico barrio residencial de Sopocachi, provocando daños materiales en la sede ministerial, además de rotura de vidrios en vehículos estacionados en las inmediaciones.
 
Funcionarios dijeron que la investigación oficial establecerá el tipo de explosivos utilizados, pero el comandante de la policía, coronel David Aramayo, anticipó que pudieron ser cargas de dinamita lanzadas desde un vehículo en marcha.
 
Dos explosiones de cartuchos de dinamita afectaron la semana pasada a una empresa televisiva, cuyo propietario mayoritario es el presidente Mesa, y a la sede del Círculo de Oficiales del Ejército en La Paz.
 
Lara rechazó el martes insistentes rumores sobre los preparativos de un golpe de Estado en Bolivia, al afirmar que lo que existe es una "guerra sicológica", con acciones como los atentados explosivos, orientada a "desestabilizar al gobierno" o "restarle credibilidad y legitimidad".
 
El diputado indígena y líder opositor Evo Morales denunció el lunes que el centroderechista partido del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y la embajada de Estados Unidos preparaban un golpe de Estado contra Mesa y la democracia boliviana.
 
"Creo que todo eso es un pavada (tontería) periodística", replicó el martes el embajador estadounidense en La Paz, David Greenlee, al reiterar el apoyo de su gobierno al de Mesa.
 
Mesa, historiador, ex periodista y político independiente, ascendió de la vicepresidencia a la jefatura de Estado hace 13 meses, tras una revuelta popular que forzó la renuncia del entonces presidente, el empresario neoliberal Sánchez de Lozada.
 
El mandatario enfrenta crecientes presiones sociales, mientras el Congreso debate una polémica Ley de Hidrocarburos que definirá la suerte del gas --principal riqueza natural del país-- pero que desató movimientos autonómicos y separatistas en Bolivia.
 
El comandante del ejército, general César López, denunció la semana pasada que "intereses mezquinos, proyectos autonómicos y federativos sin representación legítima están minando nuestra democracia y la unidad nacional".
 
López, un jefe militar de inusitadas posiciones progresistas, criticó de manera implícita al gobierno de Sánchez de Lozada, quien enfrenta un juicio bajo acusación de excesos represivos.