La Defensoría del Pueblo excitó ayer a que la Comandancia General de Policía inicie un sumario para la destitución de los 20 policías que actuaron en el operativo Fybeca, y contra dos coroneles considerados encubridores.

En resolución dictada el pasado 19 de noviembre la Defensoría declaró que los acontecimientos ocurridos en la farmacia Fybeca, el 19 de noviembre del 2003, donde fallecieron ocho personas (seis con antecedentes delictivos) y presuntamente desaparecieron otras tres, fueron actos violatorios a los derechos humanos, a la libertad y seguridad de las personas, y delitos de lesa humanidad.

La sentencia responsabilizó a los 20 policías que actuaron, entre estos quien los dirigía (Eduardo González Flores, recientemente ascendido a teniente coronel), el ex agente Érick Salinas Monge, y los coroneles Fausto Flores Clerque (jefe de la Policía Judicial del Guayas) y Marcelo Granizo Urias (encargado ese día del Comando Guayas).

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Como “autores materiales de la detención ilegítima y desaparición forzada de Johnny Gómez, César Mata y Erwin Palma”, responsabilizó a los policías y a Salinas.

Condenó la acción “porque no solo no racionalizaron el uso de la fuerza y sus armas sino que les quitaron la vida”. “Estando inmóviles (en el piso), los policías llegaron al extremo de ejecutar a un empleado (Guime Córdova) y a un cliente (Carlos Andrade) que en ese momento compraba pañales”, refirió.

Agregó que “las desapariciones forzadas constituyen delito permanente mientras sus autores continúen ocultando el paradero de los desaparecidos y no se esclarezcan los hechos”. La Defensoría exigió al general Jorge Poveda “el inicio del sumario”.