Trabajadores ministeriales y penitenciarios exigen mayores partidas presupuestarias

Una marcha conjunta de los servidores públicos y los empleados del sector de rehabilitación social recorrió esta mañana las calles del centro de Quito para presionar una vez más al Gobierno el aumento salarial en el presupuesto del 2005.

El destino de la protesta fue el Parque La Alameda, que está frente al edificio en el que sesiona el Congreso Nacional y en donde permanecen asentadas las carpas de los 17 burócratas que por ocho días han permanecido en huelga de hambre.

Los servidores públicos demandaban que se designe a su partida presupuestaria 60 millones de dólares para ejecutar la homologación salarial. 

Por su parte, los empleados carcelarios demandaban un presupuesto de 78 millones de dólares, a fin de que el sistema penitenciario del país no colapse.

Las marchas coincidieron porque ambos gremios dependen de lo que se decida esta tarde en el Parlamento, que desde este mediodía debate la proforma presupuestaria del 2005, la que debe ser aprobada antes del 30 de noviembre.

Luis Molina, un trabajador estatal que portaba un suero oral en la mano, informó en Gamavisión que él y sus compañeros mantendrán la huelga de hambre hasta las últimas consecuencias o hasta que sus pedidos sean atendidos.

La intención de los burócratas es ratificada por sus líderes. Héctor Terán, presidente de la Federación de Trabajadores Estatales, y Arturo García, dirigente laboral, sostuvieron que no les importaba que el Tribunal de los Contencioso haya iniciado sanciones para los dirigentes de la huelga.

Demanda de los empleados carcelarios
Al paro se sumaron los trabajadores civiles de las cárceles. El presidente de la Federación de Trabajadores Penitenciarios, Ricardo Arteaga, se niega a aceptar el presupuesto de $25 millones, ya que para él “estos fondos son insuficientes”. Por ello advierte un colapso del sistema penitenciario.

Artega cree que si se revisa la proforma estatal para el 2005, se encontrará sectores de los que se puede aminorar el presupuesto, “como el Ministerio de Bienestar Social y los militares”.

De su lado, el guía penitenciario Marco González confirmó que en el pabellón F del ex penal García Moreno, de Quito, se registró un intento de amotinamiento. Sin embargo, deslindó que esta medida sea una consecuencia del paro de actividades. Los presos aprovecharon la huelga de los trabajadores del sector para reclamar por mejores condiciones, informó.

Mientras no se cumplan sus pedidos, ambos sectores sostuvieron que no declinarán la medida de paralización.