El administrador temporal de la Corporación Eléctrica de Guayaquil (Categ), Bernardo Henríquez, negó esta mañana en Citynoticias (89.3 FM de Guayaquil) que la demanda que presentó en la Fiscalía del Guayas la tarde de ayer sea una retaliación política en contra de Miguel Orellana Arenas.

La denuncia es por infringir la Ley orgánica del Consumidor que dicta que los servicios públicos sean medidos, explicó Henríquez, al definir las razones de la demanda que presentó en el Ministerio Público.

“Eso demuestra la falta de información”, dijo al referirse a las declaraciones de Orellana en las que informa de una supuesta retaliación política en su contra.

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Miguel Orellana Arenas, representante legal de la compañía Publivía; Alexandra Endara, de Ecuavallas; Jaime Onofre, de Girovisual; Carlos Koplonwitz, representante del Grupo K; Mónica Echeverría, de Impacto Publicidad; Byron Oña, de Induvallas; y Fabián Eguiguren, de Letras Sigma, son las empresas que contravinieron la Ley de Defensa del Consumidor y el reglamento tarifario que regula el servicio, según la Categ.

El funcionario señaló que la acción legal debió ser tomada en la administración anterior, cuando él realizó una investigación sobre la denuncia del ex candidato a la Prefectura del Guayas, Renán Borbúa (Sociedad Patriótica).

Henríquez aclara que la investigación fue hecha por pedido de la anterior administración de la Categ antes de que fuera nombrado administrador temporal. De esta manera, señaló que el informe lo presentó el 4 de octubre del 2004, y un día después presentó las conclusiones.

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Pero el funcionario no estableció las razones por las que el anterior administrador de la Categ, Donald Castillo, no tomó acciones legales en contra de las empresas de vallas publicitarias.

Bernardo Henríquez fue nombrado administrador de la Categ el pasado 10 de noviembre.