El ministro de Gobierno, Jaime Damerval Martínez, señaló este mediodía que el Gobierno convocará en el primer trimestre del 2005 a consulta popular para que sean los ecuatorianos los que decidan si quieren o no despolitizar los entes de control.

Pese a que no dijo qué preguntas incluirá dicha consulta, aseguró que ésta se va a llevar a cabo aunque no se cuente con el respaldo del Congreso Nacional. “Gustavo Noboa no la pudo hacer (...) y yo la pienso hacer”, dijo en Tc Televisión.

Este anuncio tomó por sorpresa al Parlamento, donde se diferenció claramente a los congresistas opositores del régimen y los de Gobierno.

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Para Carlos González, de la Izquierda Democrática, esta es una estrategia del Ejecutivo. “Como el Gobierno no tiene agenda, quiere tener a los tontos de los ecuatorianos discutiendo sobre las locuras de este Damerval”, dijo en Teleamazonas.

Por su parte, la Democracia Popular aseguró que retomar la reforma política de Gustavo Noboa para elevar la consulta popular en este periodo sería inconstitucional. “Le correspondía al Presidente que envió el proyecto, solo a él. Es una locura”, expresó Ramiro Rivera, segundo vicepresidente del Parlamento.

Aunque no conocen bien los puntos de la propuesta, los diputados afines al Gobierno la defienden asegurando que es viable. “Eso se lo puede explicar una vez que se dé la reunión con el Ministro, conociendo bien los detalles”, señaló Gilmar Gutiérrez, de Sociedad Patriótica.

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Si la propuesta se da, el presidente Gutiérrez solo tiene que enviar un decreto ejecutivo solicitando la realización de la consulta al Tribunal Supremo Electoral. De acuerdo al artículo 130 de la ley de elecciones, este organismo tiene el plazo de 15 días, desde la recepción del decreto ejecutivo, para realizar la convocatoria a consulta popular; y dentro de los 45 días posteriores fijará la fecha de la mencionada consulta.

Ricardo Noboa, hermano del ex presidente Gustavo Noboa y creador del proyecto de la mencionada reforma política, explicó en Teleamazonas que esta busca la reducción del número de magistrados en la Corte Suprema de Justicia, la creación de una sala de lo constitucional y una cámara de diputados bicameral, además de la posibilidad de que el primer mandatario disuelva el Congreso Nacional una vez.