La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó ayer la reforma obligatoria de los contratos con las petroleras extranjeras, destacando que el Estado recupera la propiedad de todos los hidrocarburos “en boca de pozo”, es decir, después que hayan sido adecuados para su transporte.

Es decir, se obliga a observar el control estatal sobre la cadena productiva de los hidrocarburos.

El gobierno boliviano suscribió desde 1996 con las petroleras, unos 76 contratos de exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos. Actualmente 27  empresas foráneas manejan la explotación de los hidrocarburos en Bolivia.

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Empresarios y dirigentes cívicos de regiones  productoras afirmaron que la ley “amenaza con aislar” a Bolivia de la economía mundial y “ahuyentar”  la inversión extranjera.

Ayer, la Iglesia Católica lamentó la división en la sociedad boliviana por la aprobación de la nueva ley de hidrocarburos, la Asamblea Constituyente y las autonomías regionales.