Políticos y funcionarios opositores y partidarios del gobierno del presidente Hugo Chávez repudiaron este viernes el asesinato en la madrugada del fiscal de casos políticos Danilo Anderson quien habría fallecido en una explosión de su camioneta.
El cadáver calcinado aún no ha sido identificado plenamente pero las autoridades dijeron que era su vehículo y que familiares identificaron sus objetos.
Anderson, de 38 años, estuvo a cargo de los casos más espinosos de la justicia venezolana desde abril de 2002, cuando un golpe de Estado sacó a Chávez del poder por 47 horas.
Su asesinato se produce pocos días después de que algunos opositores solicitaran la aprobación de una ley de amnistía para los casos que llevaba Anderson y otros fiscales contra opositores.
"Promover una amnistía en este momento puede alentar a grupos terroristas y ser interpretada como una patente de corso para la impunidad", dijo el diputado oficialista Wiiliam Lara.
"Es un golpe muy duro que se ha dado a la justicia", señaló por su parte Mayerlin Rojas, directora de derechos humanos del ministerio del Interior.
El atentado fue rechazado también por opositores del presidente Hugo Chávez.
"Nos hacemos solidarios con los familiares y con la institución que es la fiscalía general", declaró el diputado opositor Julio Borges del partido conservador Primero Justicia.
Borges dijo que el atentado "tiene que llevarnos a reflexionar sobre cómo evitanos la causa de esta violencia que tiene el país y para que el país rechace el camino de la violencia".
"Esto no puede ser solución para nuestros problemas políticos", dijo por su parte el diputado opositor Andrés Velásquez.
"Condeno este hecho en términos más categóricos", agregó el dirigente del partido socialcristiano Copei Eduardo Fernández.
Como un acto "grotesco, de una mente diabólica", calificó el opositor alcalde de Baruta, Enrique Capriles, quien se presentó este viernes en la Morgue donde los familiares reconocían el cadáver.
Capriles llamó a que "cese esta confrontación, estos radicalismos absurdos que lo que está es manchando de sangre nuestro país".
Pero la presencia en la morgue de Capriles, a quien Anderson acusó de las agresiones a la embajada cubana en abril de 2002, generó un impasse con familiares y amigos del fiscal, quienes le pidieron que se retiraran.
"Me retiraré cuando lo considere conveniente", respondió el alcalde.
Entre las más recientes actuaciones del fiscal Anderso figuran la investigación de unas 400 personas que firmaron el decreto del gobernante de facto, el empresario Pedro Carmona, que disolvió los poderes públicos.
Pero también investigó y acusó a los llamados "pistoleros del Puente Llaguno", enclavado a una cuadra al oeste del céntrico palacio presidencial de Miraflores, oficialistas acusados por la oposición, a partir de cintas de video, de disparar en la tarde del 11 de abril contra opositores del gobierno.
Ese día una gigantesca manifestación opositora fue desviada por sus líderes del este al centro de Caracas, produciéndose un infernal tiroteo que causó una veintena de víctimas.
El oficialismo replicó posteriormente, también esgrimiendo videos, señalando que había francotiradores que disparaban en el lugar.