Comité de Excusas decidirá si aplica sanciones a Harb

El diputado que preside el Comité de Excusas y Calificaciones del Congreso Nacional, Hugo Ruiz (ID), sostuvo esta mañana que debe iniciarse un proceso en contra del legislador socialcristiano Alfonso Harb debido a que exhibió el arma dentro del pleno.

La próxima semana, la comisión en pleno deberá reunirse y decidir si analizan de oficio una sanción contra Harb.

La sanción que el Código de Ética establece para quien portara un arma en el Parlamento es de dos a tres meses en caso de que no la haya usado; pero si lo hubiera hecho, se extendería a seis meses.

Aunque existe esta ley, el legislador explicó en Citynoticias (89.3 FM de Guayaquil) que depende de la voluntad política de los miembros del Comité para dar trámite al proceso al diputado socialcristiano. “En la práctica (los congresistas) utilizan el doble discurso y se hacen de los oídos sordos y no quieren colaborar con la aplicación del Código de Ética”, dijo.

Ruiz no quiso emitir criterios sobre la probabilidad de que Harb sea liberado de la sanción por el hecho de haber recibido el arma de su escolta.

El Código de ética vigente desde 1998 ayuda a detener las desafiliaciones y las peleas en el Pleno, según informó el diputado. Por tanto, Ruiz aclaró que mediante esta norma se puede iniciar un proceso a hechos como el protagonizado por Harb, mediante oficio o por denuncia. 

Acerca de la situación de los diputados ex socialcristianos, Luis Almeida y Rocío Jaramillo, que decidieron votar en contra de lo acordado por el PSC, Ruiz indicó que no existe una denuncia que señale que ellos hayan sido expulsados de su tienda partidista.

El legislador explicó que es posible que el Partido Social Cristiano (PSC) pida que Jaramillo y Almeida dejen de ser legisladores. Por tanto, señaló que el Código de Ética es claro cuando manifiesta que quienes se desafilien o sean expulsados de sus tiendas partidistas por desacato, serán llamados a juicios y perderán la calidad de diputados.

Finalmente, explicó que luego de que se inicie el proceso, hay un término para presentar pruebas de cargo o de descargo. Estas se presentan al Pleno y en él se decide la suerte de los congresistas imputados, por los componentes del Parlamento. Para un fallo se necesita los votos de 51 diputados.