Homologación no frena el gasto salarial en el 2005

La medida que pretende igualar los salarios, según una escala, solo se aplica al 36% del sector público.

Con el 64% de la burocracia fuera de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación, el Gobierno tiene pocas posibilidades para frenar el incremento del gasto en sueldos y salarios del sector público en el 2005.

Según la Subsecretaría de Presupuestos, en el país existen 344.252 servidores públicos, incluidos los que pertenecen a las entidades autónomas, cuerpos colegiados, entidades adscritas.

De ellos, 221.676 –que equivalen al 64% del total– no están contemplados en la homologación (igualar los salarios de los empleados, según una escala) que se aplicará desde enero del 2005, porque están sujetos a las leyes de las Fuerzas Armadas, de la Policía, del Servicio Exterior, de la Función Legislativa y del Magisterio.

Estas excepciones (artículo 5 de la Ley) preocupan al Frente Económico.
El Banco Central (BCE) advierte que el crecimiento del gasto destinado a salarios –que para el 2004 suma $ 2.073 millones y para el 2005, $ 2.180 millones– “pone en riesgo la sostenibilidad de este gasto en el mediano y largo plazos”.

Y agrega, en su informe sobre la pro forma: “La inminencia de este riesgo es aún más importante si se considera que el 80% del gasto salarial ($ 1.658,4 millones en el 2005) corresponde a servidores públicos que no están cubiertos por la Ley”.

Las remuneraciones de esos funcionarios suben no solo por posibles aumentos, que no tienen restricción legal, sino por el “incremento inercial”; es decir, por antigüedad, bonificaciones anuales y los décimos tercero y cuarto, advierte el BCE.

Esta distorsión se refleja en la pro forma. Los sectores de Fuerzas Armadas y Policía ($ 21 millones),  Salud ($ 18 millones), Educación ($ 65 millones),  Servicio Exterior ($ 3,5 millones) y Hospital Militar ($ 9 millones) suman incrementos para gastos de personal, en el 2005, por $ 116,5 millones.

El BCE sostiene, incluso, que la presión para elevar el gasto salarial persiste “a pesar de los decretos de austeridad y los procesos de reducción de personal llevados en diversas instituciones públicas”.

En cambio, los 122.576 servidores (36% del total) que están bajo la jurisdicción de la Ley deberán ajustarse a la homologación salarial, a través de la escala que expidió la Secretaría de Remuneraciones (Senres).

La homologación contempla en el 2005 una elevación salarial, que exigirá un desembolso de  30 millones de dólares, para 40.839 servidores que tienen una remuneración menor a la establecida en la escala. Entre tanto, quienes tienen un sueldo mayor lo mantendrán congelado.