Aunque aceptan una posible reforma constitucional que promueva cambios en la justicia, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) restaron importancia a las declaraciones del mandatario, coronel Lucio Gutiérrez, en las que cuestionó a la Función Judicial.

El fin de semana pasado, el Presidente los acusó de ser responsables del retraso en la extradición de los banqueros corruptos.

Para el magistrado Jorge Ramírez, el Jefe de Estado ha formulado  amenazas y acusaciones a los jueces, aunque ninguna de estas se las concretó o sustentó documentadamente.

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Admitió la posibilidad de dar paso a una reforma constitucional a través de una consulta popular, siempre y cuando el proceso se ajuste al ordenamiento jurídico vigente, es decir, debe someterse al filtro del Congreso.
“Una consulta popular directa al pueblo no se encuadra en la Constitución”, dijo.

A juicio del ministro juez Arturo Donoso, las acusaciones del Mandatario no deben ser comentadas de forma  personal  por los integrantes de la CSJ, pues se trata de un tema político a cargo del Congreso. Si hay pronunciamiento, sostuvo Donoso, deberá ser del pleno de la CSJ; mientras, el organismo debe mantenerse al margen de posiciones políticas.

Según el magistrado Camilo Mena, las reformas no pueden responder a un momento político o a una coyuntura que intente favorecer intereses de particulares. No obstante aceptó que una reforma política siempre es importante, “previa la consulta a los organismos del pueblo”.