Rosero dice que “mientras no exista un pronunciamiento del Ministerio de Salud, del Gobierno y de especialistas sobre los efectos de esta pastilla, que probablemente causen aborto provocado, no se puede comercializar”.

En la demanda -que pasó a conocimiento del juez Francisco Alvear Montalvo- sostiene Rosero que “el acto ilegítimo impugnado es el otorgamiento del Registro Sanitario por parte del Instituto de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez, que permitirá la legal comercialización y expendio de esta pastilla”.

Indica que “el otorgamiento del Registro Sanitario, a esta píldora que utilizada en los tres días subsecuentes a una relación sexual no protegida pone fin a un embarazo no deseado, contraría expresas disposiciones constitucionales”.

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En esta ciudad, las farmacias Sumédica, Victoria, Fybeca e Inglesa, aunque todavía no tienen esta pastilla en stock, desde ayer poseen los afiches de promoción, según varias vendedoras.