El gobierno del coronel Lucio Gutiérrez pondrá a prueba, en esta semana, a sus aliados en el Congreso para bloquear el juicio político en contra del ministro de Bienestar Social, Antonio Vargas, previsto para este miércoles, a partir de las 10h00.

Vargas está acusado por tres diputados de oposición: Rodrigo García (Pachakutik), Ana Lucía Cevallos (ID) y Xavier Cajilema (MPD) del supuesto delito de peculado al haber desviado recursos para programas sociales.

La semana pasada, el régimen logró aglutinar a 52 diputados en defensa del Mandatario, sobre quien pesa un pedido de juicio político por supuesto peculado y delitos contra la seguridad del Estado.

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La oposición (PSC, ID, Pachakutik y MPD) sufrió un fraccionamiento de sus bloques, lo que permitió al régimen “congelar“ el proceso.

En el juicio contra Vargas, los legisladores García y Cajilema afirmaron que el funcionario cometió prevaricato por abusar de sus funciones y perjudicó al Estado al impedir la transferencia de diez millones de dólares al Fondo de Desarrollo Infantil (FODI).

Reiteró que cometió el delito de peculado, tipificado en el artículo 257 del Código Penal, al utilizar indebidamente fondos públicos, cuando dispuso la transferencia de un millón de dólares de los programas Fondo de Desarrollo Infantil y Plan Esperanza II a la Presidencia de la República, para la construcción de canchas deportivas, a través de la Secretaría Nacional de Deportes.

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La diputada Cevallos aseguró que Vargas violó la cláusula 404 del contrato, suscrito por el Ecuador con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la concesión de un préstamo para la reorganización del área social, a fin de focalizar la ayuda que requiere la niñez, a través del FODI.

Comentó que alrededor de 800 mil niños están en riesgo en el Ecuador, debido a la negligencia del funcionario.