Según los jueces Primero y Quinto de Tránsito del Guayas, Carmen Vásquez y Carlos Morales, respectivamente, casi el 90% de los procesos de accidentes de tránsito en los que implican muerte, incapacidad o pago de gastos médicos, se solucionan porque víctimas y acusados llegan “a acuerdos extrajudiciales” (pagos arreglados de mutuo acuerdo), los cuales finalmente terminan perjudicando a los agraviados.

Vásquez explicó que el causante del percance busca a los familiares de los fallecidos o lesionados y les ofrece cierta cantidad de dinero para gastos de funeral o curaciones, los cuales generalmente son  menores a los considerados en seguros. “Hay muchos casos en que los agraviados son personas de escasos recursos y al ver que se quedan desprotegidas, aceptan la oferta del acusado. Eso no impide que el proceso legal continúe, pero ya no existe la obligación de pagar”, especificó.

Morales señaló que las cooperativas de transporte y las compañías de seguro son las que fijan las cantidades que se deben cancelar a los familiares de fallecidos y heridos en accidentes. Ambos magistrados coincidieron en que los ciudadanos no están amparados, ya que no hay una tabla estandarizada para el pago de indemnizaciones.