Es responsabilidad de toda la sociedad civil mantener los servicios básicos y estratégicos del Estado, para bienestar de la comunidad y el desarrollo económico del país, los mismos que se convierten en mecanismos para “servir” a las “mayorías” que necesitan esos servicios, sin obtener lucro en su ejecución.

Con pretexto de modernizar el Estado no se puede privatizar o concesionar un servicio básico o estratégico que necesita el Estado para su responsabilidad social con la ciudadanía, la cual paga excesivos precios por esos servicios cuando son privatizados, y en algunos casos no mejoran su calidad ni acción.

No se justifica ahora, cuando el Estado tiene mayores ingresos por la subida del precio del petróleo, que se transfiera el costo de operación y gasto de administración de los servicios a la empresa privada, para que estos se conviertan de un servicio social estatal a una actividad lucrativa privada.

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Eso ocasionaría que los fondos de los aludidos costos y gastos privatizados sean usados por el Estado en gastos corrientes, a través de su presupuesto anual aprobado por el Congreso. El Estado y sus representantes deben cumplir su responsabilidad patriótica salvando, no privatizando ni concesionando, los servicios básicos y estratégicos pidiendo asesoría técnica para incrementar la producción nacional, generar plazas de trabajo, evitar el desmantelamiento del aparato productivo estatal y la migración del trabajador ecuatoriano a otro país.

Dr. César López Iturralde
Guayaquil