El Congreso se alista para el debate presupuestario; aún no hay consenso legislativo sobre una propuesta que no soluciona problemas de años pasados.  

A dos semanas de que concluya el plazo para que el Congreso apruebe el Presupuesto del 2005, los análisis sobre ingresos, salarios, deuda, gasto social y precio del petróleo ratifican, con números diferentes, que poco o nada ha cambiado en los últimos años. La pro forma del 2005, igual que las anteriores, tiene el 86% de inflexibilidad (es decir que no puede modificarse) y muestra que los pocos cambios empiezan a ejecutarse.

“La estructura es similar a la de periodos anteriores”, reconoce el Banco Central (BCE).

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De acuerdo con las cifras oficiales, 86 de cada 100 dólares del gasto total de la pro forma ya están asignados.

Eso significa que en el 2005 se prevé destinar 5.017 millones  al pago de sueldos, servicios básicos, subsidios, intereses de deuda y transferencias a organismos seccionales. El monto asignado a los subsidios al gas, al diésel y al sector eléctrico suma más de $ 700 millones.

¿Cómo financiar esos egresos obligatorios? Con impuestos ($ 3.157 millones) y petróleo ($ 1.454,6 millones). Ambos rubros representan el 86% de los ingresos totales. La pro forma global, incluyendo todos los ingresos y los préstamos externos e internos, alcanza los $ 7.343,5 millones.

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El Congreso será el encargado, sin embargo, de reasignar las partidas disponibles, aunque el Gobierno, en contradicción con lo que había anunciado, ya empezó por una: los salarios.

El ministro de Economía, Mauricio Yépez, ratificó la semana anterior un alza de sueldos a las Fuerzas Armadas y Policía por cerca de $ 22 millones. “Es un monto que está contemplado en la pro forma”, aseguró.

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Sin embargo, en la página 15 de la presentación que Yépez entregó al Congreso el 31 de agosto pasado se advierte: “Los gastos de personal para el 2005 no incorporan previsión alguna por posibles incrementos en ninguno de los componentes de la masa salarial” y agrega que se mantendrán las escalas del 2004.

Yépez confía en que podrá financiar la pro forma, cuyo déficit es de $ 485 millones, con los préstamos internacionales ofrecidos por los organismos multilaterales y el despido de alrededor de 5.000 burócratas.