El presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez, solicitó ayer a la Contraloría un examen especial al incremento de sueldos que, en un margen del 8%, se aprobó para Petrocomercial el 15 de octubre pasado.

Según el Ejecutivo, la resolución del alza de la masa salarial tiene el carácter de retroactivo para todo el 2003 y lo transcurrido del 2004.

Mientras tanto, el Consejo de Administración de Petroecuador solicitó al presidente ejecutivo de la institución, Eduardo Camacho, que convoque a sesión extraordinaria para tratar la disposición del Primer Mandatario sobre la separación de Fausto Jara, vicepresidente de Petroproducción, quien autorizó este incremento salarial.

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Según Jorge Jiménez, miembro del Consejo de Administración, este organismo conoce que Jara renunció a sus funciones en Petroproducción. Pedro Espín, representante de Gutiérrez en el Directorio Político de Petroecuador, dijo que no tiene una comunicación oficial sobre la dimisión de Jara.

Gutiérrez dirigió una solicitud al Ministerio Fiscal para que se inicie la fase de indagación previa por este incremento de sueldos, a fin de determinar si se configura el delito de disposición inapropiada de fondos públicos.

El subsecretario jurídico de la Presidencia, Carlos Larrea, señaló que esa elevación salarial genera también obligaciones con los ex trabajadores de Petrocomercial e implicaría glosas por el aporte incompleto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así como el Impuesto a la Renta.

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Según el oficio enviado al contralor (e), Genaro Peña, el alza salarial contradice la Ley de presupuesto del sector público, la Ley de transparencia y responsabilidad fiscal, la Ley orgánica de administración financiera y control; y el decreto de austeridad fiscal.