Seis actores obstaculizan aplicación de ley salarial

Falta un mes y medio para aplicar la homologación y no se han definido escalas de sueldos ni financiamientos.

Trece meses después de su puesta en vigencia, la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público (ley salarial) no se aplica debido a los desacuerdos y al incumplimiento de plazos de los servidores públicos, de la Presidencia de la República, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de la Contraloría y de la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones (Senres).

La homologación consiste en ajustar, hasta el 2009, los salarios a una nueva escala. Por ejemplo: si una secretaria gana 300 dólares y la escala establece para ese cargo una remuneración de 400, los 100 de diferencia deberán incorporarse en los próximos cuatro años. Si la secretaria tiene un sueldo de 500, este queda congelado por estar sobre la nueva clasificación.

Pero la escala, que debe ser expedida por resolución de la Senres (art. 112), aún no existe, pese a que el plazo previsto por la ley salarial venció en marzo pasado. “Y sin escala no hay homologación”, afirma Abel Echeverría, secretario de la Senres.

La demora se debe a que el MEF planteó una base de 260 dólares (para subir a menos y congelar a más servidores) y la Senres, una de 300 dólares.

La ley (disposición transitoria cuarta) señala que el “plan técnico y económico (para la homologación)... deberá encontrarse debidamente financiado en el Presupuesto del 2005” y agrega que si no hay la asignación correspondiente el Congreso no podrá aprobar los presupuestos.

El ministro de Economía, Mauricio Yépez, admite que la pro forma del 2005 no contempla una asignación exclusiva para la homologación y espera financiarla con la supresión de alrededor de 5.000 partidas (despidos). Eso le significaría unos $ 25 millones.

El presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez, tampoco ha cumplido con los plazos. Según la ley salarial (disposición final segunda), el reglamento, que no existe, debió estar listo “en un plazo de 90 días, desde su publicación (en el Registro Oficial, el 6 de octubre del 2003)”.

El ministro de Trabajo, Raúl Izurieta, anunció a mediados de año “una especie de homologación” a partir de julio del 2004, cuando la ley establece, expresamente, que “la homologación se efectuará a partir del 1 de enero del 2005”. Su propuesta fracasó y su anuncio de que ningún funcionario del Estado ganará menos de 302 dólares en el 2005 está pendiente.

La Confederación de Servidores Públicos (Conasep), que agrupa a 5 de los 15 ministerios, lleva más de 3 semanas en paro, por considerar que no serán incluidos en la homologación y piden una escala con una base de 380 dólares para los que menos ganen, lo que le costaría al fisco 96 millones de dólares.

La Contraloría General, dice la ley, debe vigilar su aplicación. Y aunque existen incumplimientos (varios organismos seccionales aún no unifican las remuneraciones, por ejemplo), el organismo no ha establecido las responsabilidades.

La posibilidad de que se agrave la medida de presión de los servidores públicos persiste mientras el gobierno, a un mes y medio de que se adopte la homologación, no define su financiamiento ni las escalas salariales ni el reglamento para su aplicación.