El presidente ejecutivo de Pacifictel, Alberto Pérez-Llona, acusó a la jueza decimoquinta de lo Penal del Guayas, Silvia Orejuela, de hacer “subterfugios legales” a fin de perjudicar a su entidad en el juicio que la empresa estatal le sigue a Nedetel.

Pérez-Llona condenó que se “se quiera perjudicar a una institución (Pacifictel) y con ella a los intereses de la ciudadanía", y que así “se permita que queden en la impunidad los delitos.

El proceso penal se inició por una denuncia presentada ante una supuesta falsedad y estafa en el contrato de asociación entre Pacifictel y Nedetel. La demanda la presentó en abril anterior el diputado socialcristiano León Febres-Cordero contra Eliécer Campos, Mario Ortega, Miguel Candel, José Anchundia, Mauricio Galindo, Daniel Navas y Miguel Blum.

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Por su parte, la jueza Orejuela señaló que “existen suficientes indicios respecto a la existencia de un delito”.

El convenio que firmó Nedetel con Pacifictel, aparentemente, permitía implementar una red multiservicios de banda ancha (mayor capacidad para transmitir datos) que buscaba mejorar los servicios de transmisión de datos, voz, internet y otros.

En la demanda se indica que no se cumplió con todos los procedimientos internos para adquisiciones y contrataciones de la empresa.