Tres importantes partidos políticos han sumado 50 votos para iniciar un juicio político al Presidente de la República. Para destituirlo necesitan 67 votos. Algunos voceros de estas organizaciones han anunciado que en los próximos días van a lograr las adhesiones que les faltan.

Sin embargo, no deja de sorprender a muchos ecuatorianos, y a no pocos extranjeros, las cosas que el Congreso podría hacer en beneficio de nuestro país con esos votos y que inexplicablemente se niega hacer. En efecto, con los votos ya reunidos se podría, entre otros, aprobar una ley antimonopolios –pero una de verdad–, una ley de procedimientos administrativos y un código procesal administrativo. Con esos votos el Congreso podría aprobar un nuevo Código de Comercio que responda a las necesidades contemporáneas, como ya lo hicieron Colombia y otras naciones vecinas. Con esos votos podría aprobarse una nueva ley de electricidad; introducir reformas a la de hidrocarburos; aprobar una ley general de concesiones de servicios públicos; mejorar la actual Ley de Contratación Pública y la de Compañías; reformar y codificar la Ley de Seguridad Social que el Tribunal Constitucional anterior se encargó de agujerearla; transformar la legislación de tránsito; cerrar los resquicios por donde se siguen evadiendo impuestos; y aprobar una legislación seria sobre el ejercicio de las profesiones en el país.

Los diputados acusadores bien podrían aprobar una nueva ley de educación pública que tanta falta nos hace; un nuevo Código de Procedimiento Civil; introducir algunas reformas a la Ley de Arbitraje; pero, sobre todo, podrían aprobar un nuevo Código Civil (como lo han hecho Brasil y Perú), un nuevo Código del Trabajo y el tan necesitado Código de Procedimiento Laboral. De la legislatura aún se esperan las reformas a la Ley de Aviación Civil y una nueva ley de telecomunicaciones. Y bien podría iniciarse una limpieza de la llamada “basura legislativa” que tanta incertidumbre provoca.

Con esos votos también se podría aprobar una nueva ley de elecciones; reformar la de partidos políticos para democratizarlos en su interior; e, imponer reglas claras con respecto al financiamiento de campañas. Se podría aprobar una nueva ley de control constitucional, una ley de protección de los derechos constitucionales y una nueva ley orgánica de la Función Judicial. Con esas voluntades se podría iniciar una reforma judicial a fondo para mejorar los servicios de justicia y pagar sueldos decentes a los jueces.

Y no se diga lo que el Congreso podría hacer con 67 votos. Con ellos se podría reformar la Constitución y adoptar, por ejemplo, un sistema parlamentario ante el fracaso del presidencialismo; reemplazar la actual estructura partidista del Tribunal Supremo Electoral; repensar el sistema de control constitucional; dotar al Presidente de facultades legislativas con los debidos controles; mejorar el procedimiento legislativo; eliminar la obligatoriedad del voto; y adoptar la fórmula de distritos electorales, que es la  más democrática y limpia de elegir a los diputados. (De paso podrían también elegir al Contralor General).

Pero los votos que se buscan en el Congreso son para otras cosas más importantes.