Con la elección del representante de los gremios profesionales, que se realizará  el miércoles 10 de noviembre próximo, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) completará sus siete miembros.

El proceso de selección se inició hace once meses. Primero, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a organizaciones sociales para armar los colegios electorales; luego abrió una etapa de impugnaciones durante la cual estos presentaron quince amparos constitucionales porque no fueron admitidos como votantes.

El TSE realizó los comicios  por etapas: el 4 de marzo se eligieron a los delegados de los medios de comunicación social y colegios de periodistas, las centrales sindicales y grupos afroecuatorianos, y las cámaras de la producción.

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El 28 de agosto se determinaron a los representantes de los grupos de derechos humanos y de las mujeres. El delegado de las universidades lo nombraron directamente  dichos centros.

Pese al retraso en la conformación de su directorio, la CCCC no suspendió la investigación de casos de corrupción, asegura la vocal (con funciones prorrogadas) Alejandra Cantos.

“No creo que este haya sido un año perdido, aunque quizás no fue como hubiésemos querido. Nos hemos esforzado por trabajar con la misma eficacia y eficiencia. Frente a las circunstancias (los comisionados), asumimos una actitud coherente”, dice.

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El director ejecutivo de la CCCC, Pedro Votruba, señala que en lo que va del año el organismo recibió un total de 500 denuncias de corrupción (aunque finalmente tramitó 65); esto representa una reducción del 30% comparado con el mismo periodo del año anterior (713 casos).

“El 70% de los casos no compete a la Comisión, por ello son derivados hacia otras entidades”, explica el funcionario.

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La CCCC –señala Votruba– comenzó nuevos proyectos para prevenir la corrupción: “Cuéntame tu aventura” (que consiste en la recuperación de valores éticos en los niños), el programa de ética para las universidades y Contratanet (sistema de contratación pública en internet).

Además se crearon  veedurías ciudadanas en el país.

El proyecto Municipios Transparentes (que consiste en la implementación de políticas para transparentar la gestión pública), en cambio, se suspendió por el proceso electoral.