Terminó la contienda electoral y con ello  el ruido estridente de los parlantes, el  pintado de las paredes y vallas, el abuso de cerrar calles a voluntad, y hasta la “omnipresencia” de antipáticos candidatos que pelean causas perdidas y hasta autocalificándose aptos para develar los entuertos.

Los resultados son conocidos y ahora solo queda limpiar toda la ciudad.
Esperamos que las autoridades competentes en estos menesteres apliquen la vigente ley sobre la eliminación absoluta de la propaganda electoral.

Pero, ¿dónde cae la competencia de las auditorías que deben hacerse a las empresas que fueron sangradas para la campaña? Vehículos de empresas del Estado habrían dado apoyo logístico en la campaña. ¿Quién responderá a esas empresas y al pueblo sobre esos gastos?

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Sería interesante saber si alguna autoridad tiene suficiente entereza de pedir a la Contraloría General del Estado una auditoría especial para en estos casos determinar y aplicar la ley. Podría aportar en el esclarecimiento de eso la Comisión Cívica de Control de Corrupción (CCCC).

Lamentablemente la impunidad prevalece y se sigue atropellando los más elementales principios éticos y morales, pero desde el Gobierno se sigue “luchando” contra la corrupción.

Ing. Rafael Drouet C.
Guayaquil