En Guayas, los distribuidores dicen que no acogerán la disposición. Plantean opciones.

Los distribuidores de gas de uso doméstico en el país ratificaron ayer su oposición al reglamento que les exige registrar (a través de una nota de venta o de una factura) la venta del producto a todo tipo de consumidor y solicitar para ello un documento de identificación. La medida, señalaron, no permite combatir el contrabando y solo complica a los comerciantes.

En una asamblea que mantuvieron ayer en la mañana, los distribuidores agremiados en la Asociación del Guayas resolvieron que no exigirán la cédula de identidad a sus clientes porque la responsabilidad de controlar el destino del producto le corresponde a la Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH). Si el objetivo es controlar el contrabando, recalcaron, la disposición no tiene sustento.

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Igual posición adoptó el presidente de la Asociación nacional de distribuidores, Víctor Morejón. El proceso, dijo, es poco operativo y ha causado malestar en los campesinos e indígenas.

Pese a la crítica, los distribuidores se mostraron dispuestos a reunirse con las autoridades. Pedro Vargas, dirigente de los distribuidores de Pichincha, gestionaba ayer una cita –para el lunes o martes próximos– con funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI), la DNH y Petrocomercial.

Si tras el encuentro no se obtiene un consenso –expresó Morejón– habrá desabastecimiento del producto. En el país hay 17.000 distribuidores y todos se paralizarán si es necesario, advirtió.

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Lo propio hizo Stalin Poveda, dirigente de la Asociación de Distribuidores del Guayas, quien al final de la tarde comentó que la DNH fijó para este lunes, a las 09h00, una reunión con ellos, en Quito para tratar el tema.

El gremio plantea la creación de una comisión que, integrada por la DNH, el SRI, Petrocomercial y los distribuidores, elabore una propuesta para recuperar el costo del subsidio al gas. Sugiere también que se establezcan cupos de envasado en los sectores fronterizos con Colombia y Perú; es decir, que las comercializadoras despachen según la demanda real de gas de esas poblaciones, dijo Poveda.

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En dichas zonas, manifestó el dirigente, el cilindro de gas (15 kilos) podría venderse a 4 o 5 dólares, que equivalen al costo de producción.

Wilson Salas, coordinador nacional de Gestión del SRI, precisó -en cambio- que el procedimiento no es nuevo; la diferencia es que ahora se emitirán notas de venta en transacciones inferiores a cuatro dólares.

PORMENORES

FACTURACIÓN
Según los distribuidores de Guayas, su oposición a la emisión de notas de venta para el cliente que compra el cilindro no significa que no quieren facturar. “Nosotros declaramos el Impuesto a la Renta y estamos registrados con el IVA ante el SRI”, dijeron.

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BENEFICIARIOS
El gremio señala que la distorsión del uso del gas se produce en el 69% del mercado considerado como sector no beneficiario del subsidio; por ejemplo, los sectores de servicios, agroindustria, metalmecánica, camaronero y automotores. Un taxi consume entre 50 y 60 cilindros al mes.

CONTROLES
La Asociación sostiene que el control del SRI debería aplicarse en las comercializadoras, que emplean -según el gremio- el código de distribuidores autorizados para facturar a otros no autorizados. “El perseguido es el distribuidor que legalmente hizo su pedido”.