Los familiares de Vicente Salazar Martínez, uno de los jubilados que falleció durante los 42 días de protesta que los pensionistas del Seguro Social realizaron entre junio y julio pasados, iniciarán un juicio civil y penal contra el Gobierno. Ese jubilado falleció el 6 de julio anterior de un infarto al corazón en la marcha que los jubilados hicieron en Quito por el alza de pensiones.

Su hijo, Guillermo Salazar Dávila, informó –por medio de  un comunicado de la Coordinadora de Movimientos Sociales– que presentarán una demanda  “por daño moral y presunta negligencia culposa del presidente Lucio Gutiérrez”.

Salazar asegura  que su padre murió “por la acción exagerada de la fuerza policial” que lo obligó a “correr, tropezar y no poder resistir los gases lacrimógenos”.

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Este anuncio se da luego de  tres meses de espera por “una solución a favor de todos los familiares de los jubilados fallecidos”, según indica el comunicado.

Durante la protesta, que finalizó con un aumento de pensiones, murieron cuatro  jubilados que participaron en las manifestaciones y toma de la Caja del Seguro y dos pensionistas  que no lo hicieron.

La propuesta inicial que planteó el diputado roldosista Ernesto Valle, ni bien terminó la protesta, fue pedir al Estado una indemnización por daño moral de 135.500 dólares por cada persona fallecida.