Como un error, un desatino y una medida desesperada calificaron tres ex cancilleres consultados por este Diario a la solicitud realizada por el canciller, Patricio Zuquilanda, al Grupo de Río, para que conforme una comisión que dialogue con los grupos opositores al Gobierno que quieren enjuiciar al presidente de la República, Lucio Gutiérrez.

Incluso el ministro de Gobierno, Raúl Baca, manifestó su desacuerdo.

Baca aseguró ayer que le parece inadecuado esa petición, puesto que se trata de un problema interno “que debemos resolverlo los ecuatorianos con prudencia y racionalidad” y sin intervención extranjera alguna.

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Ayer ni Baca, ni ningún otro funcionario de Carondelet explicaron si la solicitud de Zuquilanda fue consultada previamente con el Mandatario y su Frente Político. El ministro de Ambiente, Fabián Valdivieso, dijo que es habitual que cuando se pone en juego la estabilidad democrática se activen los sistemas de cooperación internacional para proteger la democracia.

La propuesta de que entre los países del Grupo de Río, organicen una delegación para “salvar la democracia”, como lo expresó Zuquilanda, la presentó el canciller chileno, Ignacio Walker, quien estuvo la semana pasada en Ecuador.

Pero el pedido al Grupo de Río, en la 18º Reunión Presidencial, según una versión de la agencia AP, se extiende hasta la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que le solicitarán mecanismos para facilitar el diálogo político en el país.

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Además, la agencia Efe  informó ayer que el canciller de Argentina, Rafael Bielsa, afirmó que su país considera necesario que el Grupo de Río envíe “de inmediato” una misión de observadores “de mucha confianza” para preservar las instituciones en Ecuador.

“Una misión de consulta con todos los sectores políticos y sociales (del país) para generar un mecanismo de diálogo, no para una mediación, porque eso supondría una intervención en los asuntos internos”, explicó.

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Mientras tanto, el ex canciller José Ayala Lasso manifestó que por el trámite del juicio al Presidente “estamos viviendo una crisis política, pero eso es algo que se debate internamente, la intromisión de otras naciones es indebida y haberla solicitado es un desatino”.

En cambio, Julio Prado Vallejo, ex ministro de Relaciones Exteriores, explicó que un país puede requerir el apoyo de un organismo internacional cuando está en riesgo la paz interna, “pero la actual solicitud solo refleja la ineficacia del Gobierno para afrontar los problemas de casa”.

El vicecanciller Edwin Johnson defendió la medida y aclaró que la hizo Chile por iniciativa propia, lo que fue ratificado por el secretario de Comunicación, Iván Oña.

A criterio del ex canciller Alfonso Barrera y  el ex embajador Mauricio Gándara, la presencia de una comisión de países es una violación del principio de no intervención acogido por la OEA, el Grupo de Río y las Naciones Unidas (ONU).

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Según Johnson se trata de una comisión que quiere fomentar el diálogo.

Gándara sostuvo que los juicios presidenciales se han respetado en otras naciones como  Costa Rica, Estados Unidos y Venezuela, “está en el mandato constitucional y el Presidente debería afrontarlo si tiene la conciencia limpia”.

La formulación de la comisión fue aprobada ayer por los cancilleres y será analizada hoy por los presidentes del Grupo de Río, de quienes depende su conformación. Aunque ya se habla de países voluntarios como Chile, Argentina, México y Brasil.