Cincuenta diputados acusan al Primer Mandatario de peculado y delitos contra la seguridad del Estado.

El próximo martes, el Congreso Nacional formará la comisión especialísima que analizará el pedido.

Cuatro partidos políticos (Social Cristiano, Izquierda Democrática, Pachakutik y Movimiento Popular Democrático) respaldados por 50 firmas, oficializaron ayer el pedido de juicio político en contra del presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez, por supuesto peculado y delitos contra la seguridad del Estado.

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A ese sector le fallaron las firmas de los diputados de Pachakutik: Felipe Tsenkush, Mesías Mora y Héctor Orellana, quienes mantienen conversaciones con el jefe de bloque del partido de Sociedad Patriótica, Gilmar Gutiérrez, para apoyar al régimen. Tampoco firmó el presidente del Congreso, Guillermo Landázuri (ID), señalando que tiene que sustanciar el proceso.

El pedido de interpelación al Mandatario copó la atención de los diputados, que ayer no dieron quórum para instalar la sesión ordinaria, apenas llegaron 48 a la sala.

Clausurada la sesión, los legisladores se trasladaron al auditorio del Banco Central del Ecuador (BCE) donde fue la ceremonia de oficialización del juicio. Hasta el sitio acudió Landázuri, quien recibió la petición de juicio en cuatro folios, con las respectivas acusaciones.

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El auditorio se llenó. La mesa principal la ocuparon 25 diputados de las cuatro tendencias políticas que reclaman el juicio, y en la sala distante, se encontraban otros doce legisladores; los demás eran empleados, asesores legislativos, personal de la Presidencia de la República y periodistas.

La acusación sobre la cual los cuatro partidos coinciden se refiere al peculado, por el supuesto abuso de dineros y bienes del Estado a favor de la campaña electoral de los candidatos de Sociedad Patriótica que participaron en el proceso del 17 de octubre pasado.

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En el expediente argumentaron que los dos últimos años, el Ecuador se ha visto envuelto en una serie de atropellos provocados por “quien ostenta la primera magistratura del país, debido no solo a su notoria falta de preparación y a su desconcertante actuación en el ámbito nacional, sino también al indiscutido desconocimiento del ordenamiento constitucional y jurídico que nos rige”.

Agregan que “varios han sido los desafueros que han provocado que las mismas cimientes de la democracia hayan tambaleado, no solo por sus constantes ataques al Congreso Nacional, sino a la Función Judicial, a los organismos de control e incluso, al creciente temor que pretende infundir a los periodistas y a varios estamentos sociales, so pretexto de reorganizarlos desaparecerlos, incendiarlos, eliminarlos, etcétera”.

Otro hecho en el cual ayer coincidieron los acusadores, es que la denuncia formulada por el Presidente de la República, el miércoles pasado, respecto a la supuesta deuda de 110 millones de dólares que tiene el “grupo” Febres-Cordero, no cambiará el escenario ni la decisión de enjuiciar al Jefe de Estado.

Todos señalaron que Gutiérrez tuvo dos años para cobrar las deudas y que su denuncia la formula cuando está al borde de una interpelación.

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Del lado del gobierno, en el Congreso ningún diputado se pronunció. Mientras, la legisladora del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), María Augusta Rivas, aseguró que la oposición no posee los 67 votos para la censura del Mandatario, pues hay un gran sector del Parlamento que respalda la estabilidad democrática.

Landázuri se comprometió a agilitar el proceso y el próximo martes constará en el orden del día la integración de la comisión especialísima que se encargará de examinar la petición de interpelación y deberá presentar un informe para que la sala, con 51 votos, determine si es admisible o no la solicitud de juicio.

La comisión la integrarán los bloques que posean un mínimo de diez diputados; aunque pueden aliarse los bloques pequeños (Democracia Popular, MPD y socialistas) para que sean representados; sin embargo, Landázuri aclaró que los independientes no participarán porque no son integrantes de partidos políticos.

FIRMAS

POR EL PSC
Firmaron los diputados socialcristianos León Febres-Cordero, Pascual del Cioppo, Simón Bustamante, Cinthya Viteri, Luis Fernando Torres, Alfonso Harb, Zoila Ollague, Luis Almeida, Abraham Romero, Jacqueline Silva, Carmen Ocampo, Alfredo Serrano, Alfredo Castro, Raúl Ramírez, Raúl Paladines, Alberto Andrade, Carlos Torres, José Javier Varas, Pedro Valverde, Marcelo Dotti, Rocío Jaramillo, Clemente Vásquez, Galo Ordóñez. Patricio Dávila (desafiliado) y Édgar Ortiz (ex Prian) firmaron en este bloque.

POR LA ID
Por la Izquierda Democrática, Jorge Sánchez, Hugo Ruiz, Ana Lucía Cevallos, Magdalena Chauvet, Miriam Garcés, Carlos González, Wilfrido Lucero, Diego Mosalve, Marco Morillo, Andrés Páez, Ernesto Pazmiño, Rolo Sanmartín, Aurelio Llori, Jorge Benavides (alterno de Guillermo Haro). Guillermo Landázuri no firmó por su calidad de presidente del Congreso.

POR PACHAKUTIK
Firmaron los legisladores Jorge Guamán, Antonio Posso, Miguel López, Ricardo Ulcuango, Rodrigo García, Julio González, Augusto Guerrero (ex SP) y Salvador Quishpe. No firmaron  Mesías Mora, Felipe Tsenkush y Héctor Orellana.

POR EL MPD
Luis Villacís, Carlos Cajilema, Rafael Eraso.

LO QUE VIENE
Luego de la oficialización del juicio político al Presidente de la República, el proceso que se debe seguir es el siguiente:

El Congreso   formará la comisión especial de juicio político con un diputado designado por cada uno de los bloques del organismo.

En un
plazo de cinco días, la comisión deberá emitir un informe. Con 51 votos, el Congreso decidirá sobre el documento.
 
Terminada  la fase de acusación, la moción de censura deberá ser respaldada por mínimo 25 diputados. Tres sostendrán los cargos. 
 
Para  su aprobación se requerirán los votos favorables de al menos las dos terceras partes (67) de los miembros del Congreso Nacional.